Fiscalía de Cuba expone resultados en implementación del Código de las Familias
La Habana, 9 jul.- La Fiscalía General de la República (FGR) juega un papel crucial en la implementación del Código de las Familias, participando en una variedad de procesos civiles y familiares.
Así lo demuestran las diversas experiencias obtenidas hasta ahora, y cuyo resumen fue publicado en el sitio de la institución.
Según la nota, los divorcios por justa causa, guarda y cuidado y alimentos, constituyen el 68 por ciento (%) del total de procesos en que intervino la FGR.
Al cierre de 2022, el fiscal participó en cuatro mil 777 procesos, mientras que en los primeros cinco meses del actual año ha intervenido en cuatro mil 631 procesos y en tres mil 964 audiencias.
Además, dictaminó 378 asuntos notariales.
La intervención de la Fiscalía en casos de divorcio ha sido fundamental para garantizar el bienestar del cónyuge discapacitado que no puede trabajar. En estas situaciones, se han solicitado pensiones que cubran las necesidades de esta persona.
En lo que respecta a la guarda y cuidado de los hijos, la FGR ha desempeñado un papel determinante para proteger el interés superior de los menores.
La institución, en los asuntos relacionados con alimentos, ha instado al tribunal a establecer una pensión acorde a las necesidades del menor y las responsabilidades del obligado a pagarla. Incluso en casos donde las propuestas de los padres difieren.
La Fiscalía también ha intervenido en conflictos entre hermanos por la atención de padres ancianos y dependientes. Su participación ha sido crucial para buscar soluciones equitativas que protejan los derechos y el bienestar de estos ancianos.
Además, ha brindado apoyo en casos de reclamación de parentesco socioafectivo a favor de niños huérfanos.
Otro aspecto relevante es que los argumentos presentados por la FGR, basados en investigaciones exhaustivas con las partes involucradas y sus familiares, han llevado al tribunal a desechar demandas infundadas de suspensión o privación de responsabilidad parental.
Asimismo, ha hecho uso de excepciones procesales en casos de derecho de familia para asegurar que todas las personas pertinentes sean demandadas y para garantizar la notificación adecuada a demandados que residen en el extranjero. Esto ha garantizado una participación plena de todas las partes involucradas en el proceso legal.
También ha solicitado o respaldado la adopción de medidas cautelares para proteger a personas en situación de vulnerabilidad.
A menos de un año de la implementación del Código de las Familias, el rol de la Fiscalía se ha ampliado en diferentes aspectos relacionados con el ámbito familiar.
Ahora, la FGR puede ejercer acciones para el reconocimiento de hijos menores de edad que no hayan sido previamente reconocidos, así como impugnar la maternidad o paternidad en determinados casos.
En los procesos de adopción, el fiscal puede solicitar la nulidad o anulabilidad cuando no se cumplan los requisitos legales o existan vicios en el consentimiento.
En cuanto a la responsabilidad parental, el fiscal puede intervenir tanto en los procesos de delegación ante notario o tribunal, como en la homologación judicial de los acuerdos de parentalidad, que establecen las funciones de cuidado y crianza de los hijos.
Además, el fiscal puede solicitar la recuperación de la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental si esto beneficia al menor.
En relación con el derecho de sucesión intestada, el dictamen del fiscal es necesario en los casos de exclusión de la hija o hijo y sus descendientes cuya filiación haya sido legalmente determinada.
En situaciones de divorcio notarial donde existen hijos menores de edad, es importante la intervención del fiscal.
También se requiere su participación en la determinación de acuerdos relacionados con los hijos menores de edad cuando una unión afectiva llega a su fin.
Por otro lado, la Fiscalía está presente en la rendición de cuentas de los tutores ante el tribunal.
En resumen, la intervención de la Fiscalía en procesos civiles y familiares ha sido fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos amparados en el Código de las Familias. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)