Cuba rechaza nuevo anuncio de EE.UU. sobre Ley Helms-Burton
Rodríguez recordó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, convertido en ley por la Helms-Burton desde 1996, es criticado por la inmensa mayoría de la comunidad mundial, como ha ocurrido año tras año en la Asamblea General de la ONU.
Pompeo volvió a usar como pretexto las acusaciones de supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba y el apoyo de la mayor de las Antillas a Venezuela, en medio de la cruzada de Washington para tratar de imponer un cambio de régimen en la nación sudamericana.
El Título III de la Helms-Burton permite a ciudadanos estadounidenses presentar ante tribunales demandas contra quienes ‘trafiquen’ con propiedades ‘confiscadas’, en alusión a las nacionalizaciones realizadas por la Revolución.
Se trata de un apartado que genera particular repudio por su carácter extraterritorial, que busca la asfixia económica de Cuba al privarla de la inversión extranjera necesaria para su desarrollo.
Desde su entrada en vigor en 1996, los presidentes norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, habían suspendido por seis meses la aplicación total del Título III, incluyendo Donald Trump en 2017 y 2018, ante la preocupación que genera a escala global, también en países aliados de Estados Unidos que tienen negocios con Cuba.
Sin embargo, en enero de este año, Trump lo canceló por solo 45 días, mientras el 4 de marzo el Departamento de Estado hizo lo mismo por otros 30 días, aunque permitiendo reclamaciones contra más de 200 empresas cubanas señaladas en una lista unilateral de sanciones.
Según un comunicado emitido este miércoles por el Departamento de Estado, el secretario de esa entidad federal, Mike Pompeo, decidió mantener la suspensión de la polémica medida desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, aunque continuará la excepción dada a conocer en marzo.
En Cuba consideran esta postura un chantaje político de Washington, al tiempo que ratifican que en la isla la Helms-Burton es inaplicable a partir de lo establecido en la legislación nacional, que protege a la inversión extranjera. (Prensa Latina)
