Ley Helms-Burton, una medida contra Cuba y su pueblo
En declaraciones a Prensa Latina sobre la terminación por parte de Estados Unidos de las exenciones a los títulos III y IV, indicó que esa decisión abre la posibilidad de litigios desde territorio norteamericano contra empresas que hacen negocios en Cuba, como por ejemplo, las de la Unión Europea.
Según apuntó Jazairy vía correo electrónico, se puede esperar que esta medida tenga un mayor impacto negativo en el comercio y los flujos de inversión desde y hacia Cuba y, por lo tanto, conduzca a socavar de manera duradera toda la perspectiva económica del país.
Esto es, al mismo tiempo, una desviación muy significativa por parte de Estados Unidos del ‘modus vivendi’ aplicado hasta ahora entre la Unión Europea (UE) y la parte norteamericana, que se basa en un acuerdo bilateral alcanzado en Londres en 1998, explicó.
Por medio de ese convenio, recordó el experto independiente, se acordó otorgar una exención a las empresas de la UE y Estados Unidos se comprometió a restringir futuras leyes extraterritoriales de ese tipo.
La UE ya declaró que no puede ‘aceptar que las medidas impuestas unilateralmente obstaculicen nuestras relaciones económicas y comerciales con Cuba’, y queda por ver si buscarán efectivamente proteger a sus compañías activas en la isla de las sanciones de Estados Unidos, observó.
Asimismo, el relator independiente de la ONU ahondó en los daños que ocasiona el bloqueo de Estados Unidos en la población cubana y el desarrollo en general de la isla.
‘Los impactos en los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, de esta política de coerción económica integral continúan documentándose, lo que genera una preocupación especial en cuanto a sus efectos sobre el derecho a la salud, tal como se destaca en los informes de la Organización Mundial de la Salud’.
Además, dijo, esa política de cerco genera una grave negación de los derechos humanos de personas inocentes, como quedó claro en el anuncio el 11 de mayo del Gobierno cubano en el cual exponen que -debido al bloqueo- han comenzado a establecer el racionamiento de alimentos y productos de higiene básica.
Por ello, el relator se cuestiona ‘¿hasta cuándo continuará esto?’ y si la comunidad internacional permitirá que se causen tales perjuicios al pueblo cubano debido a las sanciones de Estados Unidos.
El 17 de abril de este año, Washington anunció que, como parte del bloqueo contra Cuba que mantiene desde hace 57 años, adoptará nuevas medidas mediante la activación el 2 de mayo de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.
Desde su entrada en vigor en 1996, la Ley Helms-Burton procura universalizar el bloqueo a la isla mediante presiones contra terceros países, sus gobiernos y empresas, señaló la embajadora cubana Ana Silvia Rodríguez en un encuentro en ONU del Movimiento de Países No Alineados.
El regreso por parte de la nueva administración de Estados Unidos a una política de aislamiento económico integral de Cuba es preocupante, luego de que las expectativas de una normalización surgieron en 2014 durante le presidencia de Barack Obama, apuntó Jazairy.
Pero el bloqueo norteamericano se mantiene a pesar de las repetidas condenas por parte de la comunidad internacional y el rechazo de las sanciones unilaterales contra Cuba.
En la actualidad existe un consenso casi universal de que las sanciones extraterritoriales aplicadas a esa isla (y, en general, las sanciones secundarias extraterritoriales) son ilegales de acuerdo con el derecho internacional, recalcó.
Así lo demuestra la última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, adoptada el 1 de noviembre de 2018, agregó.
En términos de impacto en la población cubana, lo que se puede observar es que el embargo continúa ejerciendo un costo masivo en la economía, según lo informado no solo por el gobierno de La Habana sino también por organizaciones internacionales.
Por ejemplo, detalló, en una declaración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 11 de junio de 2018, se destacó que el bloqueo afecta las relaciones económicas externas de Cuba y su impacto se puede observar en todos los ámbitos de las actividades sociales y económicas del país.
‘El bloqueo mantiene las restricciones sobre el uso del dólar de Estados Unidos y sobre las importaciones procedentes de Cuba, afecta las oportunidades para el desarrollo nacional y local, y crea dificultades económicas para la población’.
También tiene impacto en los grupos más vulnerables de la población y en el desarrollo humano en general. De hecho, ha limitado el acceso de Cuba a créditos de desarrollo otorgados por instituciones financieras internacionales, ejemplificó.
Esto ha reducido la posibilidad de obtener recursos para brindar apoyo financiero a los planes de desarrollo nacional y local de Cuba, expuso.
Del mismo modo, prosiguió, en el contexto de la actualización del modelo económico cubano, el bloqueo limita la participación de los inversionistas extranjeros, en particular de las empresas de Estados Unidos, en proyectos económicos priorizados, incluida la zona de desarrollo especial en el Mariel.
‘En ese sentido, el bloqueo impide los flujos de inversión y limita el acceso a las cadenas de valor regionales y mundiales’, según consta en el informe del secretario general de la ONU, António Guterres, titulado ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’.
Guterres está ahora al tanto de lo que se deriva de la activación del título III y IV de la Ley Helms-Burton, que genera gran rechazo entre la comunidad internacional.
Según confirmó a Prensa Latina el vocero adjunto de titular de secretario general, Farhan Haq, Guterres se reunió a inicios de mayo con la embajadora cubana en ONU y discutieron sobre la Helms-Burton, activada recientemente por Estados Unidos.
La Helms-Burton codifica el bloqueo, lo cual significa que desde 1996 ese cerco contra Cuba es una ley de Estados Unidos, y solo el Congreso puede eliminarlo, aunque los presidentes tienen facultades ejecutivas que pueden atenuar su aplicación.
Por Ibis Frade /Corresponsal de Prensa Latina en Naciones Unidas.
