España rechaza escalada de bloqueo estadounidense contra Cuba
En esa reunión, según reflejan esas fuentes, el canciller de este país dejó clara su oposición al endurecimiento del prolongado cerco que Estados Unidos mantiene sobre la isla caribeña, en particular la posible activación del título III de la extraterritorial ley Helms-Burton.
‘Hemos hablado de la posibilidad de que se aplicara el capítulo III de la ley Burton a Cuba, y ya sabe Estados Unidos que en eso estaríamos radicalmente en desacuerdo los europeos y España en particular’, aseguró el jefe de la diplomacia española.
Desde su aprobación en 1996, el título III de la citada normativa fue suspendido por todos los gobiernos estadounidenses cada seis meses, de manera que nunca llegó a entrar en vigor por completo.
En enero, cuando tocaba renovar ese aplazamiento, el presidente Donald Trump disparó todas las alarmas al hacerlo por apenas 45 días y, con posterioridad, en marzo, volvió a renovar dicha suspensión durante 30 días, una medida que expira el venidero 17 de abril.
En declaraciones a periodistas tras su encuentro con Pompeo, Borrell explicó que España se opone a la aplicación de ese capítulo de la Helms-Burton por una ‘cuestión de principios’, pero también porque podría perjudicar a empresas ibéricas afincadas en Cuba.
A principios de marzo, las autoridades cubanas denunciaron que, desde su entrada en vigor, la polémica norma procuró universalizar el bloqueo económico, comercial y financiero mediante presiones brutales e ilegales de Washington contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas.
Una nota oficial difundida entonces afirmó que mediante la Helms-Burton, Estados Unidos persigue asfixiar la economía cubana y promover o aumentar las carencias de la población, con el propósito de imponer en la isla un Gobierno que responda a sus intereses.
La nación caribeña defendió, además, que ‘las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional’.
El texto precisó que ‘todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar’.
