EE.UU.: Cámara de Comercio advierte sobre medida contra Cuba
El mencionado acápite, que muestra el carácter extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra la isla caribeña hace casi 60 años, permite a nacionales de Estados Unidos demandar a quienes ‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’ en Cuba.
A través de tal mecanismo se incluye la posibilidad de promover una acción en las cortes estadounidenses contra personas y entidades de terceros países que invierten en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
La medida despertó el rechazo inmediato de socios tradicionales de Washington como la Unión Europea y Canadá, pues ambas partes aseguraron que trabajarán juntas para proteger los intereses de sus compañías con inversiones en Cuba a través de acciones en la Organización Mundial del Comercio.
Para la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a raíz de la decisión del Gobierno de Trump de poner en marcha el Título III y abrir la puerta a la presentación de demandas, ‘muchas empresas norteamericanas ahora serán sometidas a contragolpes en Europa, Canadá, América Latina y otros lugares’.
El anuncio amenaza con romper nuestros lazos comerciales con estos países, que se encuentran entre nuestros aliados más cercanos y mejores clientes, apuntó la entidad en un comunicado.
De acuerdo con el grupo de cabildeo, que representa los intereses de numerosos negocios y asociaciones profesionales, seis décadas de intentar aislar a Cuba no ha logrado traer el cambio esperado por Washington, y a pesar de eso ahora se redobla esa estrategia.
Según la entidad, apoya los esfuerzos de proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos en el extranjero, ‘pero la implementación total del Título III es poco posible que logre esos objetivos’.
En cambio, es más probable que resulte en una prolongada marea legal y diplomática que atrape a los tribunales, empresas y socios de este país, advirtió.
La Cámara de Comercio sostuvo que Estados Unidos estableció un mecanismo legal para certificar y procesar los reclamos de propiedad de sus ciudadanos en Cuba y en otros lugares, precisamente para evitar que tal escenario se desarrolle.
Además, consideró que esta acción no está en concordancia con el compromiso de la administración de mantener fuera de peligros a las empresas estadounidenses legalmente autorizadas y previamente animadas a hacer negocios en Cuba. (Prensa Latina)
