Un instituto en Cuba para el diálogo y el consenso
Al decir del entrevistado, dicho paso implica a la comunicación más allá de lo mediático, impacta en las instituciones y lo más importante, en la ciudadanía.
En este sentido, la nueva estructura debe ofrecer coherencia al cumplimiento de la Política de Comunicación Social del Gobierno aprobada en 2018, la cual reconoce a la información como un bien público y un derecho de las personas, recordó.
De igual forma, refrenda la actual Constitución de la República, que establece garantías a los ciudadanos para solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, así como acceder a la que generen las instituciones y los órganos.
En otro orden, Ramírez aclaró que se extingue el ICRT como OACE y surge el Instituto, pero la radio y la televisión cubanas quedan intactas.
‘Las transformaciones están en el ámbito estructural del OACE’, enfatizó.
La víspera entró en vigor el Decreto-Ley 41, en el cual el Consejo de Estado dictó la fundación del Instituto de Información y Comunicación Social, para conducir y controlar los procesos en la esfera y potenciar su perfeccionamiento.
En opinión del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, la institución podrá contribuir a resolver los problemas estructurales del sector, y debe facilitar el avance hacia nuevos modelos de prensa.
‘Por delante está pendiente la aprobación de un instrumento legal, ya incluido en el cronograma parlamentario, que ofrezca garantías a los derechos a la libertad de prensa y de expresión recogidos en la Constitución’, precisó.
Además, puntualizó Ronquillo, el Instituto se diseña desde hace varios años y su aparición es una necesidad acentuada por la rápida inmersión de la isla en la llamada era de la convergencia y en el escenario de guerra híbrida que enfrenta el país.
