[:es]Impiden ingreso de nueva vicefiscal general venezolana en Fiscalía[:]

Haringhton fue nombrada como vicefiscal general el pasado martes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de que el máximo tribunal anulara la designación de Rafael González en ese mismo cargo, aprobada en la Asamblea Nacional (en desacato), a propuesta de la fiscal general, Luisa Ortega.

Según el magistrado Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Ortega, quien continúa bajo escrutinio de la justicia por diferentes faltas éticas y de otros tipos, debió acudir a la Sala Constitucional para designar al nuevo vicefiscal, y no lo hizo.

La fiscal general, responsabilizada por la ola de violencia que sacude a Venezuela desde abril último y en franca oposición al gobierno que encabeza el presidente, Nicolás Maduro, expresó públicamente que desconocerá la designación de Harringhton y la sentencia del TSJ.

Hace unos días, las abogadas venezolanas Iris Varela, María Alejandra Díaz y Olga Álvarez, acusaron a la Ortega Díaz de ‘estar actuando junto a la oposición de derecha’, en los planes de desestabilización contra el Estado venezolano.

‘Hay mucho dinero de por medio, son multimillonarias las sumas que ha manejado con la mafia que tiene en la Fiscalía para amparar narcotraficantes, bandidos, corruptos’, manifestó la exministra y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Iris Varela.

La jurista explicó que la fiscal general ‘se ha aprovechado de bienes en litigio, con uso personal que está prohibido, como el caso de un avión retenido y entregado nada menos que por el entonces Ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, quien jugaba con ella en la conspiración’.

Por su parte, la abogada constitucionalista Olga Álvarez aseguró que en el antejuicio de mérito, Luisa Ortega está siendo investigada por falsa atestación de documentos públicos y por la hostilidad permanente contra el resto de las ramas del Poder Público.

Álvarez advirtió que ‘ha fallado en la cooperación establecida en la constitución entre las ramas del poder público, y evidencia ‘ignorancia supina’ en temas legales’.

‘Ella -Luisa Ortega-, en su ignorancia supina, ignorancia avariciosa, se le olvida que el máximo intérprete es la Sala Constitucional y no puede estar por encima del Tribunal Supremo de Justicia’, subrayó Álvarez.