Denuncian a candidato presidencial del MAS a nueve días de elecciones
Expertos electorales consideran que esas acciones violan la neutralidad que el gobierno golpista debe mantener en el proceso por los comicios del 18 de octubre.
La denuncia penal contra Arce incluye a su esposa y a su secretaria y los acusa de los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
El funcionario reconoció tácitamente la falta de sustento de sus acusaciones al señalar que el Ministerio Público debe investigar el caso, aunque no dudó en considerar a priori culpables a los denunciados
Tras las declaraciones iniciales de Melgar, el candidato Arce denunció que el gobierno de facto sumó una nueva acusación falsa en su contra y advirtió que ‘la guerra sucia contra el MAS se intensificará mientras más cerca estamos del día de las elecciones’.
También dijo que emprenderá acciones legales ‘ante esta nueva arremetida política, en la que involucran a mi familia y a terceras personas de la manera más ruin’.
A la ananada contra el candidato favorito se sumó ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, al reactivar la acusación de fraude usada en octubre de 2019 para una asonada que, con complicidad militar y policial, obligó a renunciar al presidente Evo Morales, ganador de los comicios.
Santamaría presentó los resultados tardíos de una supuesta investigación policial que probaría el fraude, que hasta ahora solo se basaba en un informe ambiguo de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), desmentido hasta por investigaciones relizadas en Estados Unidos.
El funcionario sostuvo que la pesquisa incluyó ocho mil actas del departamento de La Paz, de las que ‘algunas’ registran irregularidades y sostuvo que además hubo manipulaciones informáticas a cargo de extranjeros.
Santamaría rechazó el pedido del fiscal General, Juan Lanchipa, de gestionar una pericia técnica extranjera sobre las elecciones de hace un año y alegó que es innecesaria porque basta con la pesquisa realizada por la Policía, que está sometida a la autoridad del Ministerio del Interior, del que él es alto funcionario. (Prensa Latina)
