Víctimas de masacres de 2019 en Bolivia denuncian manto de impunidad
En este expediente, se investiga el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 37 muertos, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
Sin embargo, la decisión de este martes fue adoptada por el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en la audiencia de revisión de la detención preventiva instruida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
El abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho, afirmó que “se ha recuperado la independencia y la imparcialidad de los tribunales, el gobernador Luis Fernando Camacho es libre del proceso Golpe I, se le ha otorgado medidas sustitutivas, medidas cautelares distintas a la detención preventiva, que deben ser cumplidas para que se libre el correspondiente mandamiento de libertad”.
Camacho fue trasladado del juzgado a la cárcel de Chonchocoro, donde esperará el cumplimiento de los trámites para beneficiarse de la detención preventiva con salida laboral.
Igualmente, deberá acudir este miércoles a una audiencia por el caso paro de 36 días entre octubre y noviembre de 2022, donde también se revisará los plazos de detención preventiva.
Por su parte, el abogado del exlíder cívico potosino, Diego Gutiérrez, informó que un juez determinó la libertad pura y simple para su defendido en el caso Golpe de Estado I.
Investigado en el mismo expediente, Pumari únicamente deberá cumplir con una convocatoria y una presentación periódica ante el Ministerio Público en el departamento de Potosí.
“En las próximas horas tiene que ser trasladado a la ciudad de Potosí y está actualmente con libertad pura y simple. Estamos esperando el mandamiento de libertad que, según se nos ha informado, se emitirá mañana”, declaró Gutiérrez a los periodistas en puertas del edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
Con esta determinación, el líder de grupos de choque que utilizaron métodos violentos contra instituciones públicas y detenido desde el 27 de noviembre de 2023 en el penal de Cantumarca, dejará ese recinto después de casi tres años de encarcelamiento preventivo.
Las víctimas de Senkata también criticaron la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, que anuló obrados en el proceso contra la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020).
Esa resolución instruye remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para su posible tratamiento como juicio de responsabilidades, y generó un profundo rechazo entre los familiares de las víctimas, que anunciaron una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos. Él, su firma, y su conciencia, están manchadas para siempre”, expresó la representante de las víctimas, Gloria Quisbert.
A 48 horas de asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes protestaban por la interrupción del mandato del expresidente Evo Morales.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados. (Tomado de Prensa Latina)
