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Starlink: ¿conectividad o instrumento de dominación en Cuba?

La Habana, 20 nov.- Tratar de convertir la necesaria conectividad de un país en un pretexto más para vulnerar su soberanía, parece ser otra variable actualizada en la guerra de los Estados Unidos contra Cuba.

Detrás de la pretendida y cacareada defensa de la libertad de Internet y del acceso a las nuevas tecnologías, se esconde una interrogante que Cuba no puede ignorar: ¿quién controla esas comunicaciones, con qué propósitos y al servicio de qué intereses?

La introducción y comercialización ilegal de antenas Starlink en territorio cubano no es casual ni constituye un simple asunto tecnológico, y mucho menos una posibilidad de negocio. Se trata de equipos pertenecientes a una empresa privada estadounidense, propiedad del multimillonario Elon Musk, cuya estrecha relación con Donald Trump y sus vínculos contractuales con el aparato militar de Estados Unidos obligan a examinar el fenómeno desde una perspectiva de seguridad nacional para el archipiélago caribeño.

No es casual que, mientras Washington mantiene un bloqueo que obstaculiza el desarrollo de las telecomunicaciones cubanas, limita el acceso a plataformas y tecnologías e impone restricciones a la empresa de comunicaciones ETECSA, aparezcan redes clandestinas para introducir equipos capaces de establecer comunicaciones al margen de las regulaciones nacionales.

Los aún recientes acontecimientos de Corralillo, Villa Clara, donde una operación de infiltración armada, frustrada por las Fuerzas Amadas Revolucionarias, incluyó una estación Starlink entre los medios utilizados por sus participantes, constituyen una señal de alarma que no debe minimizarse.

Una amenaza que trasciende nuestras fronteras

Tampoco pueden ignorarse las denuncias sobre la utilización de esta tecnología en operaciones militares y de inteligencia a nivel global.

La experiencia internacional también invita a la cautela. Irán, Rusia y otros países han expresado preocupaciones sobre los usos militares de estos sistemas. En África, la presión diplomática estadounidense para facilitar la entrada de Starlink en determinados mercados ha puesto sobre la mesa una cuestión esencial: la soberanía tecnológica.

Namibia y Sudáfrica, por ejemplo, han defendido sus marcos regulatorios frente a las pretensiones de la compañía. ¿Por qué Cuba tendría que renunciar a ese derecho?

Nadie desconoce las dificultades de conectividad que enfrenta nuestra población, agravadas por la crisis económica y energética. Pero esta necesidad legítima no justifica abrir las puertas a mecanismos de dependencia tecnológica, control externo o posibles operaciones de desestabilización. La Ley cubana no deja dudas al respecto.

El acceso a Internet es un derecho y una necesidad del desarrollo. Defenderlo también significa garantizar que nuestras comunicaciones respondan a los intereses de Cuba y no a los designios de una potencia que no renuncia a sus objetivos de dominación.

La soberanía no se negocia, tampoco en el espacio digital. Cuba necesita conectividad, no tutelaje; tecnología para desarrollarse, no instrumentos que puedan volverse contra su pueblo. (Por: César Gómez Chacón/Cubavisión Internacional)