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Esposa de antiterrorista cubano detalla en Canadá caso de Los Cinco

Ottawa, 8 abr. -Adriana Pérez, esposa de uno de los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, detallará el lunes próximo en Canadá el caso de esos hombres y las irregularidades cometidas en su proceso judicial, informaron hoy organizadores del evento.

Peréz y el embajador de Cuba aquí, Julio Garmendía, serán los principales oradores del conversatorio programado en el hotel Westin Bayshore de Vancouver sobre la situación de su cónyuge Gerardo Hernández y de sus compatriotas René González, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero, comunicó a Prensa Latina la activista Tamara Hansen.

Cuatro de esos hombres -conocidos internacionalmente como Los Cinco- enfrentan severas sanciones desde 2001 por dar seguimiento a grupos violentos radicados en Miami, desde donde planifican acciones como las que en los últimos 53 años dejaron más de tres mil 400 víctimas en Cuba.

Mientras, René González salió de prisión el 7 de octubre de 2011 después de 13 años, pero está sometido a un castigo adicional de tres años bajo libertad supervisada en Florida, en el sur de Estados Unidos.

Hansen recordó en su nota que a Gerardo Hernández le impusieron dos cadenas perpetuas más 15 años de encarcelamiento bajo los cargos de conspiración para cometer asesinato y espionaje, aunque no le ocuparon ningún documento clasificado ni existen evidencias probadas de esos delitos.

La activista también hizo referencia a las continuas negativas de visa por parte del gobierno estadounidense a Adriana para visitarlo en prisión.

El conversatorio es organizado por el sindicato de Trabajadores Unidos del Acero y sus patrocinadores son el Comité por la Libertad de Los Cinco de Vancouver, la Asociación de Amistad con Cuba de esa ciudad y la agrupación Comunidades de Vancouver en Solidaridad con Cuba.

Los antiterroristas cubanos fueron procesados en Miami en medio de un clima mediático hostil encaminado a manipular la opinión pública, persuadir al jurado y asegurar que fueran condenados.

Sus abogados buscan demostrar cómo las autoridades federales pagaron a periodistas y medios de prensa para montar una campaña con influencia negativa sobre el juicio y los acusados.(PL)