Demandan a presidente mexicano ante Corte Penal Internacional

México, 25 nov . – Activistas mexicanos presentaron hoy en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una demanda contra el presidente mexicano Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, al considerar que su lucha contra el narcotráfico causó 50 mil muertos. La solicitud fue realizada a través del abogado Netzaí Sandoval y se hace extensiva a las fuerzas militares y a los jefes de los cárteles de la droga.

Según los demandantes, ellos generaron "una crisis humanitaria en México en la que han muerto más de 50 mil personas, otras 10 mil han desaparecido y unas 230 mil se han visto desplazadas".

Esta acción es promovida por un grupo de 30 letrados, intelectuales, académicos y activistas con el apoyo de 25 mil firmas, recogidas en su mayoría por Internet.

La demanda, de 700 páginas, documenta más de 470 casos de violaciones de los derechos humanos, del 2006 a la fecha, calificados de delitos de tortura, desapariciones, asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales y reclutamiento de menores, según Sandoval.

Tras la presentación de la demanda, los denunciantes esperan que la fiscalía decida abrir una investigación preliminar, luego del pertinente análisis de los documentos entregados.

Al presidente mexicano lo consideran responsable de los crímenes no por acción, sino por omisión, tal como recoge el artículo 28 del Estatuto de esta corte, aceptados por México.

Al Ejército lo cuestionan por no tener un protocolo de actuación en México, por lo que violan a mujeres y a niñas, además de torturar amputar partes del cuerpo y provocar desapariciones forzosas.

En el caso de los capos del narcotráfico sus crímenes se traducen en el reclutamiento de menores a las filas de los cárteles.

Para los activistas CPI tiene jurisdicción para investigar los supuestos crímenes denunciados, pues suceden de forma sistemática contra la población civil y las leyes nacionales no las contemplan.

La Haya cataloga estas denuncias como "comunicaciones de información", en las que un Estado, miembro del Estatuto de Roma, una organización o un individuo insta a los fiscales a investigar presuntos crímenes de guerra bajo su jurisdicción.(PL)