Polémica decisión judicial en Bolivia suscita rechazo

La Paz, 19 ago.- La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Bolivia de transferir a Santa Cruz la investigación de hechos de terrorismo suscitó este martes nuevas manifestaciones de rechazo.

Por su parte, el Ejecutivo ratificó que impulsará un juicio de responsabilidades a esos magistrados.

De acuerdo con Marcelo Sosa, fiscal que sigue el caso de una célula de extremistas neutralizada en abril último, se harán todas las gestiones para que los miembros detenidos de esa banda y sus financiadores respondan ante los tribunales.

Sosa adelantó a Prensa Latina que presentará un amparo constitucional para anular la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Para otros, como el líder del comité cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, la Corte solo cumplió con su papel de pasar a Santa Cruz el juicio por ser el lugar donde se perpetraron los supuestos delitos de terrorismo y separatismo.

Según el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, no es permisible que un proceso tramitado legítimamente en la ciudad sede del gobierno, sea remitido a una instancia departamental.

Subrayó que los hechos investigados estaban dirigidos a escindir el país mediante la creación de un clima de terror y derramamiento de sangre, y por tanto, debían ser analizados en su totalidad en La Paz, como se procedió desde el principio.

El pasado viernes, tres ministros y cuatro conjueces de la CSJ decidieron que el conflicto de competencias planteado sea resuelto por vocales de la instancia departamental de Santa Cruz.

Para Arce la actitud de algunos miembros del máximo órgano judicial está al margen de la ley, con el claro propósito de proteger intereses mezquinos, sectarios y oscuros, lo cual el gobierno no permitirá, dijo.

También el viceministro de Coordinación gubernamental Wilfredo Chávez, impugnó esta decisión que ha asumido la Corte y ratificó el juicio de responsabilidades por prevaricato a sus integrantes.

El Ejecutivo duda de la justicia de Santa Cruz, porque teme que sus letrados diluyan la investigación que prueba la relación de ricos empresarios de derecha de este departamento con el grupo de mercenarios bolivianos, croatas y húngaros.

El grupo armado, liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores -muerto en el operativo junto a otros dos cómplices- pretendía, desde esa oriental región, desestabilizar y dividir a la nación andina.

Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, dijo que el tribunal sólo cumplió la ley.

"No se tomó ninguna medida de fondo, lo único que se ha hecho es remitir a la Corte que corresponde", acotó.

Es lo que han venido reclamando líderes de Santa Cruz, que las investigaciones judiciales se lleven adelante en la región donde se han producido los hechos, señaló. (PL)