Posada Carriles: un juicio de artimañas y triquiñuelas

La Habana, 2 abr.  – La defensa del terrorista Luis Posada Carriles trabajó para lograr un juicio de testigos mudos y jurados sordos, actuaciones permitidas por la jueza Kathleen Cardone en el proceso que tiene lugar en El Paso, Texas, hace varias semanas.

Desde el comienzo, las mentiras y triquiñuelas en los argumentos de la defensa encabezada por el abogado Arturo Hernández se convirtieron en protagonistas de la vista oral.

Los fiscales estadounidenses lejos de encauzar un proceso por terrorismo internacional propusieron traer ante el jurado a varios testigos para demostrar que el reo mintió a las autoridades en sus gestiones migratorias, pero en muchos casos estos no pudieron decir sus argumentos ante los jurados.

Ya el fiscal principal del caso, Timothy Reardon III, en su primera presentación sentó el rumbo del proceso. "Este es un caso esencialmente sobre mentiras", dijo.

En esa dirección apuntó la participación de Gina Garrett Jackson, abogada del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, quien aportó elementos al jurado, integrado por cinco hombres y siete mujeres, sobre la solicitud de ciudadanía presentada por Posada Carriles en la Florida, donde se le acusa de mentir.

Durante 11 semanas la fiscalía presentó datos y testigos que aportaron elementos que indican que Posada Carriles engañó en su gestión migratoria, entre otros aspectos.

Este proceso tiene su cola, pues si es probada la acusación contra Posada, éste pudiera ser procesado por actos de terrorismo, algo que debería hacer Washington para ajustarse a su pretendida lucha contra el flagelo.

Según el abogado José Pertierra, quien sigue el caso desde sus inicios, al reo lo enjuician por mentiroso, por temor a que hable.

"Posada Carriles es un hombre de la CIA, de Washington, fue enviado a Caracas por Washington, él sabe dónde están los esqueletos en el armario del Pentágono y de la CIA, tiene mucho que contar", aseveró el jurista que representa a Venezuela en la demanda de extradición por el sabotaje a un avión de la aerolínea civil Cubana de Aviación, en 1976, acción que provocó la muerte de los 73 pasajeros.

El caso que se ventila debe tener preocupados también a Santiago Álvarez, Osvaldo Mitat y José Pujols, parte de la tripulación del Santrina, el barco que trajo a Posada ilegalmente a Estados Unidos desde México, porque según la fiscalía pueden ser sancionados severamente por violar las leyes estadounidenses.

Durante las vistas, fue palpable que el gobierno de Estados Unidos mostró saber que el acusado es responsable de las bombas en La Habana en 1997 y del asesinato del joven turista italiano Fabio Di Celmo.

La jueza Cardone, mientras tanto, hizo en estas semanas innumerables maniobras y permitió a la defensa ir por sendas dudosas, recurrir a triquiñuelas y todo tipo de artimañas para que el acusado salga ileso.

En ese sentido favoreció que fuera ocultado a los jurados un documento clave que incrimina al reo en los atentados terroristas contra instalaciones hoteleras en Cuba en 1997 y donde se evidencia el financiamiento de la acción.

La evidencia salió a relucir en declaraciones del testigo Antonio (Tony) Jorge Álvarez, un comerciante estadounidense de origen cubano presentado por los fiscales.

De acuerdo con el abogado Pertierra, cuando el Departamento de Justicia amplió las acusaciones contra el acusado en marzo de 2009, Álvarez se convirtió en un testigo clave.

La enmienda de 2009 incluyó, por primera vez, cargos relacionados con las bombas que estallaron en La Habana en 1997.

Álvarez fue el primero que denunció a Posada Carriles ante el FBI, acusándolo de estar vinculado a esos ataques terroristas en Cuba.

Durante el interrogatorio a Álvarez, el fiscal Jerome Teresinski estableció una relación entre el acusado y la empresa WRB en Guatemala, de la cual el testigo era vicepresidente.

Cuenta el testigo a solicitud de la fiscalía que el acusado visitaba la oficina de WRB.

Teresinski le pidió a Álvarez que describiera su oficina. "¿Tenía una máquina de fax?", preguntó el fiscal.

En ese momento del proceso, asegura Pertierra, brincó el abogado defensor, Arturo Hernández. Interrumpió el testimonio y le pidió a la jueza que despidiera al jurado para poder ventilar, sin que los integrantes se enteren, del tema de un documento recibido en la máquina de fax en la oficina de Tony Álvarez en 1997.

Agrega que aunque el fiscal se opuso, la jueza le concedió el pedido al abogado defensor.

El documento que llegó a la oficina de Tony Álvarez en Guatemala consiste en dos páginas escritas a mano, en letra de molde.

Está fechado el 25 de agosto de 1997, solamente 10 días antes de que explotaran cuatro bombas en La Habana â�öuna de las cuales cobró la vida deL turista Fabio Di Celmo.

Señala Pertierra que el fax le avisa a José y Pepe que recibirán por Western Union cuatro envíos de 800 dólares cada uno.

Los nombres de los recipientes del dinero, agrega, concuerdan con los giros monetarios enviados de Nueva Jersey, sobre los cuales testificaron el agente del FBI Omar Vega y el contador Oscar de Rojas previamente en El Paso.

Según el articulo el fax termina diciendo "como yo te expliqué, si no hay publicidad el trabajo no es útil, los periódicos americanos no publican nada que no haya sido confirmado. Necesito todos los datos de la discoteca para tratar de confirmarlo. Si no hay publicidad no hay pago".

El fax, precisa, está firmado por Solo, uno de los nombres usados por el terrorista Posada Carriles para encubrir su identidad.

Subraya que "el documento es el lazo entre los giros monetarios de Nueva Jersey, la cadena de bombas en La Habana y Luis Posada Carriles.

De acuerdo con una entrevista que le concedió a la periodista Anne Louise Bardach del New York Times, el reo reconoció haber escrito el documento.

Por eso, acentúa Pertierra, es una evidencia importantísima para la fiscalía.

En ausencia de los miembros del jurado, Tony Álvarez manifestó su preocupación de entonces por el fax.

Contó, además, que su ansiedad se debía tanto al fax como al hecho de que su secretaria le había alertado que Pepe Álvarez y José Burgos, los otros empleados de la empresa, se reunían con Posada Carriles en las oficinas de WRB y que ella los había visto con "tubos de plástico y calculadoras â�ömateriales para construir explosivos".

El testigo declaró que había visto un paquete en su oficina, marcado con el rótulo "industria militar mexicana, C-4, explosivos peligrosos" y precisó que por eso el fax le había llamado mucho la atención.

Pertierra califica esta parte del proceso como "La Batalla del fax" y destaca que el abogado defensor se opuso vigorosamente a que el jurado pudiera enterarse del contenido.

Sostiene además, que el fiscal Teresinski respondió que las reglas de evidencia federal permiten que el jurado considere la validez del fax firmado por Solo.

"Las declaraciones de un acusado son admisibles en corte y no son rumores", dijo.

Sin embargo, para Cardone "el documento no tiene suficientes características para recibirlo como evidencia".

Con esas escuetas palabras, rechazó una de las piezas claves del rompecabezas del caso.

Pertierra opina que si en El Paso al reo lo encuentran culpable de mentir sobre su relación con quienes pusieron las bombas en La Habana, la justicia estadounidense estaría obligada a procesarlo por ser el autor intelectual de dichos crímenes.

No obstante, esto es difícil cuando se quiere que los 12 miembros del jurado no accedan a evidencias claves y se obliga a los testigos a omitir partes importantes de sus argumentos acusatorios.

Es mejor un proceso con testigos mudos y jurados sordos, comentó Pertierra.

(*) El autor es periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.