Califican de preocupante fallo contra senadora Piedad Córdoba
Bogotá, 29 sep .- El ex presidente colombiano Ernesto Samper calificó de preocupante el fallo emitido por la Procuraduría contra la senadora liberal Piedad Córdoba, el cual pretende destituirla e inhabilitarla por 18 años por presunta colaboración con la guerrilla.
Me preocupa que de ahora en adelante las gestiones humanitarias sean consideradas actos criminales, dijo Samper al referirse a la sanción del ministerio público.
El ex gobernante (1994-1998) sostuvo que para nadie es un secreto que la congresista realizó gestiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de prisioneros.
"Cuando liberaba secuestrados era una heroína, pero cuando se sabe que tuvo que hacer contactos con la guerrilla, es una criminal", expresó, citado por Caracol Radio.
Por otra parte, Samper advirtió que a futuro nadie querrá adelantar tareas humanitarias si prospera el fallo contra la parlamentaria, reconocida nacional e internacionalmente por su labor en aras de hallar una solución al prolongado conflicto armado interno que azota a su país.
No se puede criminalizar a quienes adelantan la búsqueda de la paz, apostilló.
En una primera reacción Córdoba descalificó la víspera el fallo en su contra al señalar que la investigación disciplinaria realizada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.
Indicó que quien temerariamente la acusa y sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones en diversos temas políticos y sociales colombianos, al punto de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia.
"Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años", expresó.
Recordó que esa persecución ha implicado grandes lesiones contra su integridad personal y familiar, como su secuestro, posterior exilio con sus hijos, así como los atentados contra su vida y las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de la que ha sido objeto.
La congresista también informó que sus abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad, acotó.
"La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social", expresó.
El ministerio público anunció la víspera que destituyó e inhabilitó por el término de 18 años a la actual senadora por presunta colaboración con las FARC.
Según la entidad, la sanción disciplinaria tiene su origen en información hallada en las computadoras atribuidas al jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto en 2008 durante una incursión militar ilegal del ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
En un comunicado, la Procuraduría sostiene que logró establecer que en el cruce de documentos entre las FARC y Córdoba, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
Esta no es la primera ocasión que contra la líder del grupo de la sociedad civil Colombianas y Colombianos por la Paz se lanzan este tipo de acusaciones, lo que para muchos constituye una persecución por sus posiciones políticas.(PL)