Siguen los vientos golpistas sobre Honduras

México, 28 jun.- Hace algunos días Porfirio Lobo, presidente en ejercicio de Honduras, denunció que en su país hay intentos golpistas en su contra y acusó a personeros de su partido, el Nacional, a los que no identificó.

A la sorpresa inicial de un mandatario que aún carece de reconocimiento internacional siguió la búsqueda de una explicación a esta denuncia.

Según se ha podido establecer, el problema radica en una lucha por el poder, aun dentro de sectores afines, lo que revela que el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya no alcanzó los objetivos de quienes lo propiciaron, tanto dentro como fuera de Honduras. Y es que ninguno de ellos entendió lo sucedía al país.

Les resultó muy fácil aplicar las fórmulas publicitarias emanadas del Pentágono y el Departamento de Estado estadounidenses y decidieron que había que sacar a Zelaya porque el empresario y latifundista se había vuelto "chavista", lo que era un peligro para el país del norte.

En esta óptica ciega, se va a cumplir un año del golpe de Estado y las cosas han cambiado, pero en contra de los intereses de los golpistas.

Como sucede en toda América Latina, los pueblos tienen clara conciencia de sus derechos y reclaman su reconocimiento.

En Honduras se daba la misma situación y Zelaya lo comprobó cuando como ministro debió enfrentar el desastre causado por el huracán Mitch y lo hizo con amplia participación popular.

Continuó en esa línea como presidente y es sabido que no violó ni la ley ni la Constitución al convocar a la consulta que debió realizarse el 28 de junio de año pasado, día en que se dio el golpe en la madrugada, contraviniendo las instrucciones estadounidenses de destituirlo por acuerdo del Congreso.

Por eso después intentaron fundir los dos actos en uno solo para justificarse, lo que no lograron.

Pero lo más importante sucedió a nivel popular, la resistencia al golpe empezó el mismo día y se ha fortalecido a un punto tal que ya es una fuerza a la que no se puede desconocer, Porfirio Lobo lo sabe.

Sabe también que ese movimiento seguirá adelante aunque al presidente Zelaya no se le permita regresar al país y Lobo prefiere que regrese.

Los golpistas

Aunque Lobo no dio nombres de los que propician un golpe en su contra, en el medio político hondureño se barajan algunos.

Se menciona a Ricardo Álvarez, alcalde de Tegucigalpa, que incluso quiso ser el candidato del Partido Nacional en las elecciones de noviembre pasado, en lugar de Lobo, quien le ganó en la lucha interna.

Otro opositor a Lobo sería el diputado Irías Navas, también del Partido Nacional.

Navas quiso ser presidente del Congreso y fue derrotado por Juan Hernández, allegado a Lobo, al que se considera su posible sucesor en las próximas presidenciales, dada la desunión reinante en el ahora opositor Partido Liberal, al que pertenecían Zelaya y el golpista Micheletti.

Pero los escollos más grandes para que Honduras ingrese a la normalidad democrática, están en la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación.

Estas dos instancias, que participaron en el golpe de Estado y que incluso a posteriori presentaron documentos para justificarlo, se oponen al regreso del presidente Zelaya, reclamado por el europeo Grupo de los 16, América Latina y Japón.

Hasta Estados Unidos admite que su regreso es ineludible.

Pero también están los grupos de poder económico, entre los que se cuentan la mayoría de los ex presidentes de la república.

El grupo más importante maneja los contratos y negocios del Estado y hay otro sector que también quiere tener acceso a ellos y presiona a Lobo para que abra el espectro comercial

Desde el punto de vista internacional, la presión se está ejerciendo en la modificación constitucional por el Congreso de la Corte Suprema y de la Fiscalía, para que sus nuevos integrantes deroguen las sentencias que impiden el regreso de Zelaya.

Este sería el punto que teóricamente permitiría el retorno de Honduras a la OEA y el reconocimiento de Lobo como presidente.

Pero en el horizonte latinoamericano surgen otros problemas, como el que representa el acuerdo de los partidos derechistas de la región, que reunidos en Copacabana, Brasil, acordaron impulsar reformas a la OEA para introducir en la Carta Democrática mecanismos que impidan las consultas populares, lo referendos y las asambleas constituyentes.

Aunque lo dijo con otras palabras, el embajador chileno en la OEA, autor de la moción, mencionó directamente a Venezuela, Bolivia y Nicaragua.(PL)