Crece tensión entre gobierno e indígenas amazónicos en Perú

Crece tensión entre gobierno e indígenas amazónicos en Perú Lima, 29 ago.- Las tensiones entre el gobierno y los indígenas amazónicos de Perú tienden hoy a incrementarse, tras una orden internacional de captura del exiliado líder nativo, Alberto Pizango, y amenazas oficiales contra una dirigente originaria.

Mientras la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) condenó el hecho como una maniobra digitada por el gobierno, el líder opositor Ollanta Humala dijo que la misma confirma la persecución que sufren los nativos.

Para Humala se trata de un capítulo más de la persecución que afecta a millones de indígenas por defender sus territorios frente a los abusos del gobierno.

Tanto Pizango como otros cuatro dirigentes de AIDESEP -dos asilados con él en Nicaragua y dos en la clandestinidad- son juzgados por acusaciones gubernamentales de que incurrieron en apología de los delitos de sedición y motín.

Según el proceso promovido por el gobierno, los líderes cometieron tal delito al advertir en mayo pasado que si los indígenas amazónicos se declararían en insurgencia si el gobierno no atendía los reclamos de una larga protesta que habían iniciado el 9 de abril.

La presidenta interina de AIDESEP, Daysi Zapata, manifestó indignación por la orden emitida ayer por la jueza Carmen Arauco.

Según los abogados de la organización y el ex magistrado y parlamentario Víctor Mayorga, no tendrá efecto para Pizango y los hermanos Saúl y Cervando Puerta, porque están asilados en Nicaragua, bajo la protección de ese país.

El clima conflictivo se acentuó, además, con ataques del primer ministro, Javier Velásquez, y el titular de Justicia, Aurelio Pastor, que acusaron a Zapata de amenazar con nuevos actos de violencia como los que en junio dejaron un saldo de 34 policías y civiles muertos.

Tras ese trágico desenlace, el gobierno accedio a anular los dos principales entre nueve decretos ligados al tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos cuya eliminación exigía la protesta indígena.

Los otros siete decretos y otras demandas nativas están pendientes de una negociación que el gobierno demora, según Zapata, quien advirtió que si el ejecutivo no cumple el compromiso de solucionar los problemas, puede haber hechos más graves que los luctuosos de junio.

Para Velásquez y Pastor esa advertencia es una amenaza y el segundo dijo que analiza la posibilidad de enjuiciar a la lideresa nativa por sus declaraciones.

Entretanto, fuerzas de oposición denunciaron que el gobernante Partido Aprista maniobra en el Congreso de la República para controlar una comisión investigadora de los trágicos sucesos de junio.

Al mismo tiempo, continúan pendientes las consecuencias del dictamen de una fiscal que acusa a una veintena de jefes policiales de homicidio de civiles durante esos disturbios y un informe interno de la policía que acusa a dos generales de negligencia en el episodio. (PL)