Aprobación y aplicación de leyes, desafío de nuevo parlamento de Cuba
El anterior mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular dio curso a 35 leyes y 83 decretos-ley desde la proclamación de la Constitución (2019) hasta su décimo periodo ordinario de sesiones, lo cual permitió el cumplimiento de todas las Disposiciones Transitorias de la carta magna.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Oscar Silvera, igualmente posibilitó dar cuerpo a varios artículos constitucionales y contribuyó al fortalecimiento de los derechos y garantías de las personas, así como al proceso de actualización del modelo económico y social del país.
Sin embargo, este esfuerzo no logró culminar con el cronograma previsto, retrasado por la pandemia de Covid-19, y dejó pendientes 16 leyes, las cuales deberán valorar y aprobar los 470 diputados electos en los próximos comicios.
Entre las normas aplazadas están la de Comunicación Social; la Tributaria; de Empresas; de Protección de los Derechos a los Consumidores; de Migración Interna (inicialmente prevista como decreto-ley); y de la Vivienda.
Asimismo, las vinculadas a la Atención a la población; de Transparencia y acceso a la información; de Formas Asociativas y de la Salud Pública, cuyo anteproyecto se dio a conocer en diciembre último.
La novena Legislatura parlamentaria dejó aprendizajes y aspectos favorables del ejercicio legislativo, como la publicación de los anteproyectos, las consultas especializadas y la habilitación de las vías de comunicación directa para fomentar la participación popular, subrayó Silvera ante el Parlamento.
Mas, el reto fundamental estará en hacer efectivas las nuevas leyes, un empeño que requiere mucho más que los textos legales, al decir de la doctora en Ciencias Jurídicas Martha Prieto, profesora titular de Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho en la Universidad de La Habana.
Se necesita con urgencia un cambio en la manera de pensar y actuar de todos, apuntó la experta, y remarcó la importancia de entender la carta magna como una norma de aplicación directa para solucionar conflictos o definir conductas, derechos y responsabilidades, algo que debe asimilar la sociedad en su conjunto.
(Tomado de Prensa Latina)
