Evo Morales apelará al Tribunal Penal Internacional de la Haya
Cochabamba, Bolivia, 20 may.- El presidente boliviano, Evo Morales, anunció que apelará al Tribunal Penal Internacional de la Haya para que Perú revierta la concesión de asilo y refugio a tres ex ministros, acusados de genocidio.
"Pondremos la demanda ante la corte internacional para que el gobierno de Alan García levante el beneficio a los funcionarios bolivianos del ex presidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)", dijo Morales al dejar inaugurado un tramo de gasoducto en esta ciudad del centro del país.
En más de una ocasión, el mandatario pidió a su homólogo peruano expulsar a la ex titular de Participación Popular Mirtha Quevedo, de Salud Javier Torres, y de Desarrollo Económico Jorge Torres, ahora procesados en ausencia por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.
Morales no precisó la fecha de presentación del recurso oficial ante el Tribunal de La Haya.
Ojalá que el gobierno peruano recapacite y levante el asilo para así no tener problemas, subrayó el jefe de Estado.
La máxima autoridad judicial boliviana inició el juicio de responsabilidad contra Sánchez de Lozada, ocho de sus ministros y el alto mando militar de entonces.
En la primera sesión del proceso, el tribunal de sentencia declaró rebeldes a los implicados ausentes y pidió la aprehensión para que comparezcan ante la audiencia abierta en la ciudad de Sucre.
Según las denuncias, el ex mandatario es responsable de la muerte de 67 personas y 400 heridos como consecuencia de una represión militar en octubre de 2003.
También se le imputan otros nueve delitos, entre ellos genocidio, que en la legislación nacional se aplica a "masacres sangrientas", lo que según la Fiscalía General fue lo ocurrido hace seis años.
Luego de ese suceso, el 17 de octubre de 2003, el entonces presidente renunció a su mandato, huyó del país y se autoexilió en Estados Unidos, donde reside desde entonces.
La denuncia contra Sánchez de Lozada incluye otros cargos como homicidio, lesiones graves al Estado, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, existen más de dos mil testigos y cerca de cuatro mil documentos que prueban la culpabilidad de los acusados, por lo que el juicio puede durar meses. (PL)