Venezuela acusa y denuncia a España por injerencismo

En comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela señala que hace varios años la embajada de ese país europeo apoya acciones conspirativas y recordó que luego de ser expulsado el embajador Jesús Silva en 2018, se acordó su regreso bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales, que no cumplió. ‘Muy por el contrario, la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aún más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en su propia residencia, a un prófugo condenado por la justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014’, expresa el texto.

Subraya que pese a todos esos compromisos, el diplomático permitió en diversas ocasiones la planificación, dentro de esa sede, de actividades contra el gobierno venezolano y refiere como ejemplo la organización de la operación mercenaria Gedeon, cuyo objetivo principal era asesinar al presidente Nicolás Maduro.

‘Como corolario de tan grotesca, descarada y grosera violación integral a la Convención de Viena, hoy es a todas luces verificable que el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de López’, recalca el comunicado de la Cancillería.

Resalta que, además, deciden recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia.

Venezuela, puntualiza la misiva, considera antidiplomática y hostil ese hecho, ‘el cual dejará una mancha profunda e indeleble que será objeto de estudio en las instituciones dedicadas a la formación diplomática en el mundo, como una serie de acciones erráticas e ilegales, propias de una diplomacia impregnada de anacrónicas reminiscencias colonialistas’.

La nota concluye señalando que el Estado venezolano cumplirá con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos, en estricto apego a las leyes nacionales e internacionales y a la garantía del debido proceso. (Prensa Latina)