Imparable persecución política de gobierno de facto en Bolivia
El inmueble fue requisado en el contexto de la causa que tiene abierta el exfuncionario por presuntos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, según los golpistas.
‘La finalidad de una acción investigativa de estas características es poder proceder a la ubicación y secuestro de cualquier elemento que tenga relación con el o los tipos penales que se investigan en estos casos’, dijo durante el operativo el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Iván Rojas.
Hace varios días personalidades y organizaciones del mundo se han unido en una campaña internacional para exigir al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez que otorguen los salvoconductos a las exautoridades refugiadas en la embajada de México.
En el grupo hay ocho hombres y una mujer relacionados en la lista de perseguidos políticos que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que iba a ‘cazar’, de acuerdo con las denuncias.
Entre ellos se encuentran Quintana, el exministro de Gobierno Hugo Moldiz y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.
Diversos observadores opinan que la negativa del gobierno de facto de dar los salvoconductos es violatoria del derecho internacional público y de manera particular de la Convención de Ginebra.
Como parte del ambiente represivo que vive esta nación, se conoció este viernes que personas de civil secuestraron a Marcial Escalante, vicepresidente del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) de Yapacaní, en el departamento boliviano de Santa Cruz.
Escalante recién había regresado de una reunión con Evo en Argentina y se presume que esa es la razón por la que en estos momentos se halla en paradero desconocido.
También Luis Hernán Soliz, exasistente del exmandatario fue detenido y su casa la allanaron sin que se encontraran elementos que lo inculparan de algún delito, advirtió de inmediato su abogado.
La violencia y represión costó la vida de más de 30 personas en Bolivia, en especial desde que escaló la crisis institucional y política que vive el país tras la asonada golpista del pasado 10 de noviembre. (Prensa Latina)