Corte Suprema de Colombia rechaza presiones de Estados Unidos

Bogotá, 11 may .-La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó presiones del Gobierno de Estados Unidos, tras conocerse del retiro de visas a varios magistrados del país.

 

El alto tribunal confirmó que Estados Unidos le canceló la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño.

También se dio a conocer sobre igual medida de Washington contra dos magistrados de la Corte Constitucional defensores del Acuerdo de Paz.

La Corte considera que ‘cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados, es también una agresión contra la independencia judicial’, señaló un comunicado.

Rechazamos el sistemático ataque a la integridad del poder judicial en general y, en particular, contra algunos magistrados de la Corte Constitucional y contra el presidente de la Sala de Casación Penal, remarcó la declaración.

La institución alentó a los togados a no dejarse influir por presiones indebidas y permanecer fieles al cumplimiento de su deber.

Las críticas a la intromisión de Estados Unidos en las decisiones judiciales y legislativas en Colombia se acentuó desde que trascendió semanas atrás que el embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker, se había reunido con varios congresistas en medio de los debates relacionados con la Justicia Especial de Paz.

La injerencia estadounidense en la soberanía de Colombia en relación con el proceso de paz ha sido impugnada enfáticamente por las bancadas opositoras en el Congreso.

‘Estados Unidos no debería hacer uso del sistema de visas para presionar decisiones legislativas y judiciales’, declaró la legisladora de la Alianza Verde Juanita Goebertus.

‘La sucesión de ataques y presiones contra la Corte y sus magistrados, debido a los temas sustanciales que están resolviendo, es una grave agresión a la independencia de poderes públicos y a la democracia’, señaló por su parte el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

La oposición pidió al Gobierno de Iván Duque un pronunciamiento sobre lo que califican de grave intromisión de Eatados Unidos en los asuntos internos de Colombia, dirigida esta vez a que sean avaladas las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Justicia de Paz.