Casos Rebelión y Sobornos desatan denuncias contra lawfare en Ecuador
En el Caso Rebelión, un tribunal revisó las medidas cautelares impuestas a la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, a petición de un juez, basado en un informe según el cual la funcionaria solicitaría asilo en la embajada de México en Ecuador, lo cual fue desmentido por la procesada y la misión diplomática.
Finalmente, los magistrados decidieron que Pabón enfrente el proceso en libertad, pero arreciaron la disposición de presentación periódica ante la autoridad competente, la cual aumentó de una a tres veces por semana, pese a las críticas a la actuación judicial, procedentes de varios sectores de la sociedad, incluidos abogados.
En la causa son juzgados además los dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y Christian González, procesados junto a la prefecta por supuesta rebelión durante los 11 días de protesta nacional efectuados en octubre de 2019 contra medidas económicas de carácter neoliberal implementadas por el gobierno nacional.
‘Mintieron y elaboraron un informe falso para intentar encarcelarme; no pudieron porque la verdad nos asiste’, aseveró la funcionaria, quien presentó certificaciones de diferentes embajadas para demostrar que no ha solicitado refugio en ningún país.
Al mismo tiempo, un equipo de magistrados rechazó el recurso de casación a 16 de los 20 investigados en el Caso Sobornos y ratificó la sentencia de ocho años de prisión contra el expresidente Rafael Correa, quien también quedó inhabilitado de participar en las elecciones generales de 2021.
En una jornada considerada por muchos como ‘un día de luto para la democracia’, la casación fue resuelta en tiempo récord para proscribir a Correa, quien aceptó la precandidatura a la vicepresidencia de la república, en binomio con Andrés Arauz por la Coalición Unión por la Esperanza.
‘Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer’, sentenció el exmandatario, quien ha recibido numerosas muestras de apoyo dentro y fuera de Ecuador.
Pese a que las autoridades insisten en que ambas diligencias se llevaron a cabo en el marco del debido proceso, las denuncias son crecientes y todas apuntan a ratificar cómo en esta nación andina, el ejecutivo y sus instancias mantienen una férrea persecución política contra quienes son oposición desde la Revolución Ciudadana.
