Un marco legal en función de la producción agropecuaria en Cuba (+ Fotos)

La Habana, 19 ene.- Perfeccionar los procesos de producción y comercialización de los alimentos, así como establecer políticas que quiten trabas a nuestros productores, dispongan estímulos y organicen la actividad agrícola en el país, forma parte de un mismo interés: dinamizar la producción agropecuaria y que ello se refleje en la mesa de los cubanos.

Si bien es cierto que la aprobación de un mayor número de normas jurídicas no significa que, por arte de magia, se resuelvan todas las dificultades, estas sí ayudan en el tránsito hacia el propósito definido, ya que muchas de las transformaciones aprobadas el año pasado «movieron la tierra» y abrieron nuevas posibilidades de cara a quien produce y está de sol a sol en el surco.

Y es que, si hay una mala contratación con la base productiva, impagos y precios no estimulantes para comprarles los resultados a los campesinos y cooperativas, estos problemas también tienen un reflejo en la variedad de hortalizas, viandas y demás surtidos que se comercializan a la población.

Las leyes -explicaron especialistas de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura (MINAG)- proporcionan un marco y reglas para ayudar a resolver los conflictos derivados de las relaciones jurídicas y, específicamente, en materia agraria, la reforma legislativa proporciona el necesario ordenamiento de los procesos, las personas y las tecnologías que intervienen en la producción, trasformación y comercialización de alimentos hasta su consumo.

En tal sentido, el MINAG trabajó durante 2022 en un grupo importante de políticas y marcos legales en implementación de la Constitución de la República, el cronograma legislativo y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria, la mayor parte de ellas, normas de rango superior, destaca una información publicada en el sitio web de este Ministerio.

Muestra de ello, por ejemplo, es la aprobación, por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, respectivamente, del Decreto-Ley y Decreto Reglamento, que instrumentan la política para la producción, desarrollo y uso de los biofertilizantes, los bioestimulantes y los bioplaguicidas de uso agrícola.

También, como parte de la instrumentación de las 63 medidas para dinamizar la agricultura, específicamente las 28 destinadas a la recuperación de la ganadería, se actualizó el Decreto 225/1997 De contravenciones personales de las regulaciones para el control y registro del ganado mayor y de las razas puras, mediante la aprobación del Decreto 70/2022.

Asimismo, los diputados cubanos -durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular- dieron luz verde a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, que actualiza una normativa de 1974, y servirá ahora de basamento jurídico para el despunte de un sector deprimido hace años en el país.

La Ley, según ha explicado el ministro del ramo, Idael Pérez Brito, aplicará para las personas naturales y jurídicas que desarrollen, de manera permanente o eventual, la crianza de animales de las diversas especies de la ganadería, con independencia del régimen de posesión del ganado o de la tierra.

No obstante, puntualizó, esta normativa se circunscribe al ganado mayor, dejando fuera los demás aspectos que integran esta actividad económica.

Esta disposición sirve de base, además, para el desarrollo de una ganadería sostenible, resiliente y baja en emisiones de gases de efecto invernadero, en tanto favorece la incorporación de nuevos conocimientos, productos y tecnologías generadas a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación.

En función de ello, la Ley sustenta el desarrollo de los resultados de las investigaciones validadas para la actividad ganadera, el empleo de fuentes renovables de energía en la actividad ganadera; el perfeccionamiento del sistema de control de la masa, la promoción de la mejora genética, y el ordenamiento territorial de la ganadería y su diversificación, entre otros renglones.

Otro aspecto trascendente fue la inclusión de vías para la recuperación y el desarrollo de la cultura y el patrimonio ganadero, la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, adaptación y mitigación al cambio climático y el empleo de principios de economía circular.

De soberanía alimentaria y otras normas para la gestión integral de la agricultura cubana

Alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de la nación transcurre, inevitablemente, por la capacidad del autoabastecimiento, que permite contar con una masa ganadera suficiente y de calidad, pero su fomento, desarrollo, protección y recuperación en el país también necesita un respaldo legal que ordene y permita una forma sostenible de producción pecuaria.

De ahí que, haber aprobado, en mayo de 2022, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, constituyó un paso decisivo no solo en el interés de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada, sino también para fortalecer y perfeccionar los procesos que van desde la producción hasta el consumo de los alimentos, a partir de las capacidades endógenas de cada territorio.

Por otra parte, dada la ausencia de disposiciones relacionadas con esta materia en el ordenamiento cubano, la novedosa norma da soporte técnico y legal al Plan de Soberanía Alimentaria, aprobado en julio de 2020 por el Consejo de Ministros, con el objetivo de lograr sistemas alimentarios locales y sostenibles. Es decir, dentro de la mencionada legislación están todos los componentes estratégicos de este plan, y ella le da la fuerza de obligaciones y derechos, en su instrumentación jurídica.

No se trata, obviamente de que esta Ley por sí sola provea alimentos, pero sí contribuirá a la estabilidad, la disponibilidad y el acceso a estos, pues reordenará los procesos para facilitar su producción, transformación y comercialización.

Además, con su implementación se prevé la disminución de importaciones de alimentos, materias primas e insumos, y garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos.

Destaca, igualmente, que esta sea la primera norma jurídica en el país referida a los sistemas alimentarios locales, y cómo son sus modelos sostenibles de producción.

En tal sentido, fortalece las autonomías municipales y los procesos de descentralización, así como regula la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena alimentaria, vulnerabilidades presentes en el territorio nacional.

Asimismo, la Ley define los deberes de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias, con respecto a la sustitución de importaciones de alimentos, materias primas, insumos y tecnologías, para asegurar la producción nacional.

Otro de los temas atendidos por el Minag durante el pasado año fue la estrategia para el perfeccionamiento de las bases productivas y, como parte del proceso de implementación, se trabaja desde junio de 2021 en la modificación del Decreto-Ley 365/2018 y su Reglamento, y en este mes de enero se presentó al Consejo de Estado el nuevo proyecto de Decreto-Ley de las Cooperativas Agropecuarias, para su aprobación.

Por otra parte, también fue elaborada la política sobre la gestión integral de la agricultura cubana, y se encuentra en proceso de construcción el anteproyecto del Decreto-Ley.

De igual forma, se trabaja en la actualización de la Política del Plan Turquino, la elaboración de los decretos que instrumentarán las políticas de Extensión Agraria y la de Agroecología, que se encuentran en el Cronograma Legislativo para noviembre de 2023, y, como plato fuerte del presente año, está la elaboración de la Ley de Tierras.

(Tomado de Radio Cadena Agramonte)