Entregan en Guatemala programación de acuerdo de seguridad
Guatemala, 30 may .- La programación para aplicar el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia en Guatemala fue presentado este viernes por los tres poderes del Estado.
El presidente Álvaro Colom confirmó la entrega de la llamada hoja de ruta de dicho programa por representantes del gobierno, el Congreso y el organismo judicial, a los cuales se suman los del Ministerio Público.
Colom también mencionó que en esa agenda estará definido el costo para la ejecución de dicho Acuerdo, en cuya propuesta de financiamiento ya se trabaja.
Por lo pronto cuenta con más de 600 millones de quetzales (más de 75 millones de dólares), además de los presupuestos asignados a las instituciones encargadas del tema.
El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia en Guatemala está diseñado con el propósito de sentar las bases para definir una política que promoverá la participación ciudadana.
Incluye la aprobación de al menos 12 leyes, en tanto de las 101 acciones contenidas en el documento la mayoría es de mediano y largo plazos.
Ese cuerpo surgió de las propuestas de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las iglesias católica y evangélica, ampliado por el Ejecutivo que había anunciado un plan de este tipo en 2008.
Una de sus ideas es crear el Ministerio de Seguridad Pública y separar las funciones administrativas de las operativas encargadas al de Gobernación.
Añade cambios a normas sugeridos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
También se promueven reformas a la Ley de la Carrera Judicial, para fortalecer el sistema disciplinario contra jueces, magistrados y funcionarios de justicia en general.
Respecto a la Policía Nacional Civil, es su objetivo aprobar una ley que fortalezca el marco normativo, para establecer disciplina y sanciones estrictas. Consta de 91 puntos básicos y está centrado en nueve ejes que incluyen políticas de institucionalidad para la seguridad, reforma policial, sistema penitenciario, y políticas de institucionalidad para la investigación criminal y contra la impunidad.
Igualmente, aborda administración de justicia, legislación para seguridad y justicia, control de armas, empresas y servicios suplementarios de seguridad, así como comunicación y participación social.(PL)
