Crítica de ONU por violación derechos humanos impactó en Paraguay
Asunción, 29 mar. – La exigencia del Comité de Derechos Humanos de ONU al gobierno paraguayo de detener asesinatos, torturas y otros abusos, especialmente contra campesinos e indígenas, constituyó noticia resaltante en la nación mediterránea.
Un documento contentivo de un rosario de señalamientos y de reclamos sobre las violaciones de los derechos humanos en Paraguay contra labriegos y nativos de etnias autóctonas fue la respuesta al alegato presentado ante esa instancia por el Ejecutivo de Federico Franco.
El planteamiento oficial, que pretendía exaltar la vigencia total de esas prerrogativas en el territorio paraguayo, ya había sido calificado de vacío por organizaciones nacionales, las cuales denunciaron un decreto de Franco destinado a eliminar sus principales señalamientos.
El Comité fue claro al denunciar, incluso, la existencia de unas denominadas comisiones vecinales de seguridad ciudadana, participantes en detenciones ilegales, amenazas de muerte, redadas en las casas, asesinatos, torturas y maltratos en tres departamentos rurales.
Esos instrumentos usados contra poblaciones campesinas e indígenas y líderes de las organizaciones que los defienden, también participan, de acuerdo a las denuncias recibidas por la ONU, en la protección a traficantes de drogas y contrabandistas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU reeditó su anterior exigencia de una investigación imparcial de las muertes extrajudiciales de los dirigentes campesinos Vidal Vega y Benjamín Lozano, asesinados en su propia residencia y ante sus familiares, en los departamentos de Curuguaty y Concepción.
El organismo expresó preocupaciónpor los altos índices de agresiones, violencia y homicidios contra los defensores de derechos humanos, particularmente en el caso de los defensores de campesinos e indígenas, apuntó la resolución.
Igualmente, consideró preocupante los índices de abusos sexuales y violación de mujeres y la falta de legislación adecuada con excepciones para el aborto cuando el embarazo es producto de esos ataques.
El Estado debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre el uso de anticonceptivos y derechos a la salud sexual y reproductiva, recalcó.
Otra dura crítica, de mucha actualidad, se basó en que el gobierno no dispone recursos necesarios para las labores de identificación de los recientes hallazgos de restos de personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La resolución del Comité constituyó un duro golpe a los repetidos alegatos gubernamentales sobre su respeto a los derechos humanos de todos los paraguayos, esgrimidos continuamente durante el actual proceso electoral que vive la nación.(PL)