Fiscal General de EE.UU. puede exigir anulación del caso de los Cinco
El Fiscal General de los Estados Unidos tiene la potestad de solicitarle a la Jueza Joan Lenard, de Miami, que desestime los cargos contra los Cinco cubanos condenados en 1998 en esa ciudad, aseguraron abogados norteamericanos este lunes.
En conferencia vía internet Washington-La Habana, los juristas explicaron la importancia de la moción pendiente aun de decisión de la jueza para desestimar las condenas que pesan contra Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González, y la solicitud al Tribunal para que permita un discovery (exhibición de documentos) con nuevas evidencias sobre la mala conducta del Gobierno norteamericano frente a este proceso judicial.
Los Cinco cubanos han permanecido por 14 años injustamente encarcelados en los Estados Unidos y continúan siendo privados de los derechos humanos más elementales, reconocieron los participantes en este intercambio abierto a la prensa, que también tuvo la oportunidad de hacer preguntas a los panelistas.
El Gobierno norteamericano -destacó el abogado de Gerardo Hernández, Martin Garbus-, pagó a ciertos periodistas para que contaminaran la sede donde se realizó el juicio, lo cual imposibilitó que los acusados cubanos recibieran un juicio justo e imparcial en Miami.
“Algo como esto nunca ha ocurrido en la historia de la jurisprudencia de EE.UU. Muchos de estos periodistas habían estado presos en Cuba por terrorismo y también, en EE.UU. Solamente necesito una hora para demostrarle a la jueza que el Gobierno de EE.UU. contaminó al jurado”, añadió Garbus.
El abogado de Gerardo Hernández, que ha representado entre otras muchas personalidades a Nelson Mandela, Samuel Becket, Al Pacino y Lenny Bruce, aseguró que “le estamos pidiendo al Gobierno (de EE.UU.) que nos dé el resto de los documentos sobre el pago a los periodistas, informes que tienen Radio Martí y el Departamento de Estado”.
Garbus aseguró que la jueza Lenard había ordenado que ninguno de los litigantes comentara sobre el caso: “Sin embargo, ella no sabía que EE.UU. estaba pagándole a ciertos periodistas para decir mentiras sobre Cuba y los Cinco. Muchos de los artículos de estos periodistas parecen haber sido escritos por una sola persona y firmados por varias”, comentó.
“El proceso contra los Cinco es una vendetta política, y la campaña de propaganda política que orquestó el Gobierno contra ellos lo demuestra claramente. Contribuyó a lo que un panel de tres jueces en Atlanta llamó una ‘tormenta perfecta de prejuicios’, que violó los derechos constitucionales al debido proceso de ley en el caso de los Cinco cubanos”, señaló el abogado José Pertierra, moderador del panel en Washington.
Raymond Steckle, abogado internacional, reconoció que “esto tiene que ver con la libertad de la prensa y también el derecho constitucional a un juicio imparcial y justo. Gerardo Hernández vs. United States es un caso que ilustra la corrupción de nuestro Gobierno. Esta corrupción es una ofensa contra Gerardo y contra nuestra sociedad. Es indignante que la Fiscalía se haya opuesto al cambio de sede, mientras que su cliente (el Gobierno) estaba pagándole a periodistas para que contaminaran el proceso”.
Ramsey Clark, ex Fiscal General de los Estados Unidos, aseguró que el proceso seguido contra Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González es “una corrupción de la justicia. El Gobierno estaba envenenando el pozo, mientras que los fiscales tenían la obligación de hacer un juicio justo”.
Ante la pregunta de qué habría ocurrido si un caso así se hubiera presentado cuando él era Fiscal General de EE.UU., Clark aseguró: “Si yo fuese el Fiscal General hoy, y me entero de esta campaña de propaganda durante el proceso de los Cinco, tendría que desestimar los cargos. Cualquier Fiscal General debiera hacer lo mismo”, aseguró.
Pertierra comentó que “desde el principio el Gobierno ha dicho que este no es un caso político. Estos documentos que ha presentado Garbus desnudan la verdad, demuestran que el Gobierno de los Estados Unidos, a propósito, contaminó la ciudad de Miami con propaganda contra los Cinco. Tenemos una expresión en la ley que dice: res ipsa loquitor, «la cosa habla por sí misma». Estos documentos hablan por sí mismos”.
Gloria la Riva, coordinadora del Comité Nacional de Estados Unidos para la liberación de los Cinco, instó a la comunidad internacional a estudiar los documentos legales del caso, exponerlos, llevarlos a los medios de comunicación y demandar justicia por los Cinco antiterroristas cubanos.
Desde La Habana
La periodista Aleida Godínez complementó con sus vivencias lo planteado por Garbus, alegando que el Gobierno estadounidense conocía muy bien qué clase de periodistas estaba contratando para cumplir su mandato de influenciar negativamente a los miembros del jurado en el juicio contra los Cinco.
Visiblemente emocionada, Adriana Pérez O´Connor, esposa de Gerardo Hernández, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años, expresó que era “extremadamente doloroso hablar del tema de los Cinco” pues nunca creyó que después de 14 años estuviera declarando y denunciando todas las arbitrariedades acaecidas en el caso de los Cinco.
Adriana apeló al presidente Obama para “limpiar la imagen de la justicia estadounidense” y analizar y decidir sobre la vida de Gerardo quien está condenado a morir en prisión, y la de sus cuatro compañeros.
Entre los asistentes estaban familiares de los Cinco Héroes, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana, personalidades de la cultura cubana y periodistas. El periodista y profesor universitario Raúl Garcés moderó el panel en la capital cubana.
EE.UU. se niega a negociar
Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos para buscar una solución al caso del norteamericano Alan Gross, sentenciado aquí por actos contra la integridad de la Isla, ratificó durante la videoconferencia Josefina Vidal, directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Vidal aseguró que hasta el momento no hemos recibido respuestas; sólo hemos escuchado algunas declaraciones públicas en las que el Gobierno estadounidense dice no tener nada que conversar al respecto.
Con esa postura Washington deja claro que no es Cuba la que no muestra disposición a abordar el tema, añadió la funcionaria de la Cancillería, quien consideró la propuesta de la Isla como un primer paso encaminado a buscar una solución al caso del contratista.
Condenado en 2011 a 15 años por el delito de “Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, Gross mantiene una salud normal y realiza regularmente intensos ejercicios físicos.
La funcionaria informó además que el prisionero recibió tres visitas de su esposa en los primeros días del mes en curso. (Con información de Prensa Latina y Cubadebate)