ONU ratifica rechazo a utilización de mercenarios
Naciones Unidas, 20 dic.- Naciones Unidas reafirmó que la utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios infringen los propósitos y principios consagrados en la Carta de la organización mundial. También pidió a los Estados que vigilen a las empresas privadas de servicios de asesoramiento y de seguridad militares y les prohíban intervenir en conflictos armados o acciones encaminadas a desestabilizar regímenes constitucionales.
Esa postura aparece en una resolución aprobada la víspera por la Asamblea General bajo el título Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
El texto recibió 130 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones.
Excepto Azerbaiyán y Rusia, que sufragaron de manera positiva, y Suiza, que se abstuvo, los restantes países de Europa rechazaron el documento, entre ellos Francia y Gran Bretaña, más Estados Unidos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Por el contrario, la casi totalidad de América Latina y el Caribe apoyaron la resolución, salvo Chile, México y Colombia que se abstuvieron.
La resolución alerta que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial.
Asimismo expresa preocupación por los efectos de las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas en el disfrute de los derechos humanos, en particular cuando operan en situaciones de conflicto armado.
Al respecto, la Asamblea General indica que "rara vez se exige a esas empresas y a su personal que rindan cuentas por violaciones de los derechos humanos".
Por esa razón, solicita que los Estados adopten providencias legislativas para impedir que su territorio y su nacionales sean utilizados para reclutar, concentrar, financiar, entrenar, proteger o de tránsito de mercenarios.
Más adelante, reclama la regulación de los registros y concesión de licencias a esas empresas privadas militares de seguridad para garantizar que sus servicios no violen los derechos humanos ni obstaculicen su ejercicio en el país receptor.
Exhorta a investigar la posible participación de mercenarios "cuando y dondequiera se produzcan actos criminales de índole terrorista" y a enjuiciar o extraditar a los responsables de conformidad con las leyes nacionales y los tratados pertinentes.
El texto condena cualquier forma de impunidad para quienes perpetran actividades mercenarias y a los responsables de su utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento. (PL)