[:es]Relaciones Cuba-EE.UU. retroceden, pese a permanencia de acuerdos[:]

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La Habana, 22 feb.-  Aunque permanecen los principales acuerdos firmados hasta el momento, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos experimentan un retroceso después de la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump.

 

Mucho antes de sus pronunciamientos agresivos contra la nación caribeña en su primer discurso sobre el estado de la Unión el 30 de enero, Trump mostraba las intenciones injerencistas de su gobierno hacia la mayor de las Antillas.

Así fue el 16 de junio de 2017, cuando en la Florida rubricó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba, y con ello el recrudecimiento de la hostilidad de Washington hacia La Habana.

En aquella alocución, Trump ratificó la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero que la nación norteña mantiene contra el país antillano desde hace más de medio siglo, así como su intención de recrudecerlo.

Tal política persiste hoy, por ese motivo la subdirectora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, Olga Rosa González, consideró que las relaciones con el magnate inmobiliario y su gobierno seguirán siendo complejas.

De acuerdo con declaraciones de González a Prensa Latina, tal postura del gobernante republicano se evidenciaba desde que llegó a la Casa Blanca, e incluso antes, y se refirió al discurso agresivo de Trump en torno a la figura del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), después de su fallecimiento.

Durante el primer año de la administración del presidente 45 se formularon acusaciones falsas contra Cuba con el tema de los alegados ataques sónicos, la retirada de personal de la embajada de Washington en La Habana, y la expulsión de miembros de la misión diplomática de la isla en Estados Unidos.

Esto afecta la ejecución de los acuerdos firmados entre los dos países y por consiguiente las relaciones bilaterales, restablecidas en julio de 2015, señaló la académica.

En la administración del expresidente Barack Obama (2009-2017), ambos gobiernos rubricaron una veintena de acuerdos en materia de prevención y enfrentamiento de los actos terroristas, contra el tráfico ilícito de estupefacientes, asuntos de ciberseguridad, la trata de personas, el tráfico de emigrantes y la cooperación ante derrames de petróleo en el golfo de México, entre otros.

Asimismo, González se refirió a la reciente firma de una orden ejecutiva para mantener abierta la cárcel en la base naval de Guantánamo que Washington mantiene en contra de la voluntad del pueblo y Gobierno de la isla caribeña.

El centro de reclusión, abierto en 2002 y que llegó a albergar unos 800 reos -hoy quedan 41-, es señalado por organismos internacionales como un lugar donde se cometieron torturas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos contra los prisioneros.

La devolución del territorio ilegalmente ocupado es uno de los elementos que exige Cuba para una verdadera normalización de relaciones entre La Habana y Washington, añadió la experta.

POLÍTICA DE BLOQUEO INAMOVIBLE

El presidente estadounidense John F. Kennedy (1917-1963) oficializó hace 56 años el cerco económico, comercial y financiero, unilateral política que hasta hoy mantiene el objetivo de rendir a la Revolución cubana.

El bloqueo no parece tener su fin a la vista, en primer lugar porque los jefes de la Casa Blanca ya no tienen la facultad de emitir una orden ejecutiva como la de Kennedy, analizó en recientes declaraciones a Prensa Latina.

De acuerdo con la investigadora, esa política de aislamiento proseguirá a largo plazo, debido a una veintena de leyes que regulan la relación económica entre ambas naciones, así como las de la isla con otros países.

A criterio de González, la mayor de las Antillas no es prioridad para los formuladores de políticas en Estados Unidos, enfocados en otras áreas del mundo.

Por tal motivo -aseguró- no ha fructificado en el Congreso una propuesta dirigida a eliminar la Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, conocida popularmente como Helms-Burton (1996).

La iniciativa es el apéndice más fuerte para la aplicación de la política de bloqueo contra Cuba y convirtió al órgano legislativo en el único facultado para levantarlo.

Derogar leyes lleva un proceso a lo interno del Capitolio, instancia en la cual los legisladores cubanoamericanos son quienes más insisten en mantener el cerco económico, comercial y financiero, esclareció González.

Según la investigadora, aunque el presidente de Estados Unidos no decide el levantamiento del bloqueo, sí puede flexibilizar esta política y autorizar el uso del dólar en las transacciones comerciales bilaterales.

También permitir la concesión de créditos, préstamos y financiamiento para que Cuba adquiera productos en el mercado norteamericano, sin pagar por adelantado o en efectivo, ejemplificó.

Sin embargo, acotó González, Trump mantuvo la suspensión del capítulo tres de la Ley Helms-Burton, que contempla la internacionalización del bloqueo.

Dicho acápite establece que los estadounidenses pueden presentar en cortes de su país reclamos de bienes en Cuba y prohíbe a las empresas extranjeras negociar con las llamadas ‘propiedades confiscadas’.

La cláusula fue suspendida además por los expresidentes William Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017), en sus respectivos períodos de gobierno.

Trump lo hizo, quizás, para prever una avalancha de demandas en las cortes norteamericanas contra compañías del resto del mundo que invierten aquí, y él es un hombre de negocios, apuntó la especialista.

El 7 de febrero de 1962 Kennedy proclamó la orden ejecutiva 3447 que impuso el bloqueo a Cuba.

Con ello inició un grupo de decisiones dirigidas a consolidar esa política hostil que no ha logrado el objetivo de derrocar a la Revolución cubana, escenario reconocido por el propio Obama cuando en diciembre de 2014 anunció el cambio de política.

El cerco se mantiene pese al rechazo que genera a nivel mundial, con 26 ocasiones consecutivas desde 1992 con un categórico rechazo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde suele recibir calificativos de crimen, violación de los derechos humanos, obstáculo al desarrollo y reliquia de la Guerra Fría.

Por Cosset Lazo Pérez/Periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina.

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