Aceptan en ONU denuncia de Lula y exigirán explicaciones al Gobierno brasileño
Brasilia, 28 oct.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU aceptó la acusación presentada por Luiz Inácio Lula da Silva ante las numerosas violaciones y arbitrariedades cometidas contra él por el juez Sergio Moro, anunció aquí la defensa del ex presidente.
Un documento emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informa que el comunicado individual protocolado el 28 de julio pasó por un primer juicio de admisibilidad y fue registrado ante aquel órgano, dijo el letrado Cristiano Zanin Martins.
Reveló, además que, según la propia notificación, el Gobierno brasileño fue intimado también en esta fecha para presentar “informaciones y/u observaciones relevantes a la cuestión de la admisibilidad de la comunicación”, en un plazo de dos meses.
El primer comunicado individual de un ciudadano brasileño al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue presentado por la defensa de Lula junto a Geoffrey Robertson, uno de los principales abogados del mundo en ese ámbito.
La acción busca un pronunciamiento de ese órgano respecto al abuso de poder practicado por el juez federal Sergio Moro y los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, quienes violaron el derecho de Lula a la privacidad, a la presunción de inocencia y a no ser apresado arbitrariamente.
Desde marzo último, señaló recientemente Zanin Martins, el ex dignatario sufrió numerosas violaciones de sus garantías constitucionales, autorizadas todas en el ámbito de procedimientos con apariencia de legalidad.
Mencionó entre estas la privación de su libertad por medio de una conducción coercitiva sin previsión legal; la invasión de su privacidad de diversas formas; y la acusación lanzada por fiscales de la operación Lava Jato en lo que calificó de verdadero “show pirotécnico sin precedentes” y ajeno a la denuncia hecha formalmente.
Solo el formato empleado por los procuradores en esa conferencia de prensa, que hiere de muerte el principio de presunción de inocencia y viola las reglas de comunicación fijadas por el Consejo Nacional del Ministerio Público, bastarían para anular el proceso por violación de las garantías fundamentales, señaló.
Todos esos procedimientos tienen como objetivo dar una apariencia de legitimidad a la persecución política existente contra el ex presidente, valoró.
La defensa de Lula sostiene que el mismo está privado del derecho a juzgamiento legítimo y justo y es víctima de la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como verdaderas armas de guerra para la obtención o el bloqueo de resultados políticos; una práctica definida como tácticas de lawfare.
