Inician juicio a ex mandatario boliviano acusado de genocidio
Sucre, Bolivia, 18 may.- La Corte Suprema de Bolivia inicia hoy el juicio por genocidio contra el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y miembros de su gabinete, acusados de una represión militar en octubre de 2003.
Al ex gobernante, exiliado en Estados Unidos, y seis de sus ex ministros, tres de ellos asilados en Perú, le impugnan la muerte de 67 personas y 400 heridos como consecuencia del llamado "Octubre negro".
Según las denuncias, Sánchez de Lozada es responsable de nueve delitos, entre ellos genocidio, que en la legislación nacional se aplica a "masacres sangrientas", lo que según la Fiscalía General fue lo que ocurrió hace seis años.
Octubre de 2003 se recuerda como uno de los períodos más turbulentos de la historia reciente de Bolivia, originado por el proyecto para exportar gas natural hacia Estados Unidos por puertos chilenos.
La iniciativa gubernamental desencadenó una frontal oposición por parte de organizaciones sindicales y de izquierda que desembocó en una oleada de protestas y una represión militar donde murieron más de 60 personas.
El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente Sánchez de Lozada renunció a su mandato, huyó del país y se autoexilió en Estados Unidos, donde reside desde entonces.
El fiscal del caso, Milton Mendoza, destacó a Prensa Latina la relevancia del proceso porque será el primer juicio contra un ex mandatario constitucional a diferencia del caso del dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) que cumple una condena desde 1995.
Sánchez de Lozada es el principal acusado del proceso pero la causa en su contra entrará en suspenso, sin que ello provoque una prescripción de los delitos, debido a que la legislación local impide juzgar en ausencia a los imputados.
En una situación similar puede derivar el proceso para tres ex ministros asilados en Perú y los otros tres que también residen en Washington.
En Estados Unidos se encuentran además los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, de Hidrocarburos Jorge Berindoague y de Agricultura Guido Áñez.
En Perú recibieron asilo recientemente la ex titular de Participación Popular Mirtha Quevedo, de Salud Javier Torres, y de Desarrollo Económico Jorge Torres, lo que ha provocado tensiones entre La Paz y Lima.
Para Mendoza todas estas ausencias son una circunstancia lamentable" que no provocará frustración en la Fiscalía, mientras ratificó su confianza en una posible extradición de Sánchez de Lozada.
La denuncia contra el gobernante incluye otros cargos como homicidio, lesiones graves al Estado, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.
La pena máxima que podría pesar en su contra, si se presenta al juicio en Bolivia, es de 25 años de prisión.
En el juicio que comenzará este lunes en Sucre están acusadas 17 personas, entre ellas once ministros y cinco miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de aquella época.
Hasta la semana pasada se presentaron a las audiencias previas los ex ministros de Desarrollo Sostenible Erick Reyes Villa, de Trabajo Adalberto Kuajara y de Servicios Financieros Dante Pino, además de los ex jefes policiales.
El fiscal Mendoza tiene previsto presentar dos mil 500 testigos y cuatro mil documentos para un proceso oral que puede durar varios meses.
La posición de Lima respecto a los ex ministros asilados, dijo el presidente Evo Morales, podría afectar seriamente las relaciones diplomáticas bilaterales.
En esa oportunidad, recordó que la política de asilo era aplicada para proteger derechos humanos, en cambio ahora su par peruano Alan García la usa para albergar a delincuentes.
Subrayó que el mundo y los organismos internacionales deben saber que se trata de una demanda de justicia y respeto al pueblo boliviano. (PL)
