Cien horas de diálogo abren posibilidad de paz para Colombia
Con resultados concretos en materia de participación popular, concluyeron este diciembre las primeras cien horas del diálogo de paz que sostienen el Gobierno de Colombia y la guerrilla más antigua de Latinoamérica, el cual será retomado en enero próximo.
Desde el 19 de noviembre último, las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos comenzaron en La Habana la discusión de una agenda de seis puntos que tiene como primer tema el desarrollo agrario integral.
Es precisamente el de la tierra el problema que ambas partes consideran esencial resolver para avanzar en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, mediante el cual se pretende buscar una solución política a la pugna armada en Colombia.
Ese país continúa siendo uno de los más desiguales del planeta en lo que a tenencia de tierras se refiere, con el 52 por ciento de la gran propiedad en manos del 1,15 por ciento de sus habitantes, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La hoja de ruta incluye, además, las vías para el ejercicio de oposición política y participación ciudadana, fin del conflicto armado, derechos de las víctimas y la solución al problema del narcotráfico, además de los mecanismos de la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
Durante esta primera ronda de pláticas las partes recibieron recomendaciones de organizaciones sociales y campesinas, recogidas en encuentros regionales auspiciados por el Congreso de ese país, y escucharon in situ los criterios de especialistas colombianos sobre el tema agrario.
También estudiarán a partir del ocho de enero de 2013 más de dos mil 900 propuestas recibidas como resultado del foro Política de Desarrollo Agrario Integral: Enfoque territorial, convocado por la mesa y efectuado del 17 al 19 de diciembre en Bogotá, con el apoyo de la ONU y la Universidad Nacional.
Ambas delegaciones han mantenido discreción sobre los aspectos debatidos hasta el momento, y coinciden en que a pesar de las marcadas diferencias de criterios, las conversaciones avanzan en un ambiente de respeto y espíritu constructivo.
Para el Gobierno, estos contactos pueden permitir abrir un proceso que culmine con la presencia activa de las FARC- EP en la vida política de ese país, sin renunciar a sus ideas.
Los representantes de la guerrilla colombiana opinan que para finalizar el conflicto existente en esa nación “se requieren cambios en el modelo de sociedad y el régimen antidemocrático existente”, algo que ha sido descartado por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien lidera la delegación gubernamental.
A diferencia de procesos anteriores, estos diálogos se desarrollan sin suspensión de hostilidades, a pesar de la insistencia de la guerrilla, la cual decretó el cese unilateral de operaciones ofensivas por un espacio de dos meses, al iniciarse las conversaciones en La Habana.
Iván Márquez, jefe del equipo de paz de las FARC-EP, instó al Gobierno de Santos a que reciproque esa iniciativa, o acepte un tratado de regularización del conflicto que genere un ambiente propicio para lograr el avance de las conversaciones y evitar sufrimientos al pueblo colombiano.
Con ese objetivo, la organización político-militar insurgente pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que el Acuerdo General sea reconocido como Especial por esa instancia, según la definición y el derecho que otorgan los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario en general.
La delegación insurgente criticó en La Habana la reforma constitucional al fuero militar, aprobada por el Congreso colombiano, el cual -subrayó- constituye un “terrible paso hacia la impunidad”, y “marcha en contra de los intereses de las víctimas del terrorismo de Estado”.
De acuerdo con las FARC-EP, los llamados “falsos positivos”, o casos de civiles asesinados por militares en Colombia, rondan los más de tres mil 500; y de los mil 200 en indagación, solamente 72 han llegado a juicio, con un nivel de impunidad del 98 por ciento.
Las FARC-EP persisten en su exigencia para que Simón Trinidad, extraditado por Bogotá a Estados Unidos en 2004, sea liberado y se incorpore a la mesa de conversaciones, y reclamó al Presidente Santos hacer gestiones en ese sentido.
Estos encuentros tienen sede permanente en La Habana y se desarrollan con Cuba y Noruega como garantes, y el acompañamiento de Chile y Venezuela. (Por Ernesto Vera Mellado y Lisandra Romeo Matos, AIN)