Venezuela y Colombia aunarán esfuerzos para enfrentar delitos en la frontera

Caracas, 23 ago.- La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que se reunirá el próximo miércoles con su par colombiana, María Ángela Holguín, para debatir el enfrentamiento conjunto a delitos como el paramilitarismo y el contrabando en la frontera común.

Rodríguez hizo el anuncio este sábado desde su cuenta en Twitter y precisó que ella y Holguín convinieron adelantar el encuentro, considerado inicialmente para el 14 de septiembre.

Venezuela y Colombia vamos a atacar los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica, aseguró.

Desde el pasado jueves en la madrugada, Caracas ordenó la intensificación del patrullaje militar en el estado suroccidental de Táchira, a raíz de un ataque ejecutado en esa región por paramilitares contra efectivos del Ejército bolivariano.

Ese mismo día, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre por 72 horas del paso desde y hacia Colombia en Táchira con el objetivo principal de capturar a los agresores.

Al día siguiente, Maduro decretó la extensión indefinida de la prohibición, así como el estado de excepción constitucional en varios municipios de la entidad (Bolívar, Ureña, Junín, Independencia y Libertad).

En esos territorios, las autoridades civiles y militares quedarán facultadas para restablecer la paz y erradicar el paramilitarismo y el contrabando extendidos en la zona.

Ante la situación, el jefe de Estado venezolano pidió colaboración al gobierno de Colombia e instruyó a la canciller Rodríguez organizar una reunión especial con representantes de la nación vecina para detener las acciones delictivas en la frontera común.

De acuerdo con la Constitución venezolana, el estado de excepción se aplica en circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de las personas, de la nación o de las instituciones.

Con esa medida pueden quedar restringidas temporalmente las garantías constitucionales, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, a la información y demás derechos humanos intangibles.

La misma se decreta cuando una situación determinada no puede ser afrontada mediante las facultades ordinarias de los órganos del poder público nacional.