Justicia venezolana solicita allanamiento de inmunidad de Juan Guaidó
El Ministerio Público impulsa una investigación contra Guaidó debido a que sus acciones de los últimos meses suscitaron hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional.
A raíz de estas pesquisas, el TSJ dictó las medidas cautelares de prohibición de salida del país, de manejar bienes de su propiedad y el bloqueo de las cuentas bancarias a su nombre dentro del territorio venezolano.
Durante un acto proselitista organizado por la oposición el 23 de enero último, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela de forma inconstitucional, apoyado de forma automática por el gobierno de Estados Unidos en lo que Caracas denominó un golpe de Estado en desarrollo.
El 23 de febrero el diputado opositor abandonó territorio venezolano a través de la frontera con Colombia para liderar una supuesta operación de ayuda humanitaria promovida por Estados Unidos con respaldo logístico de las autoridades de Bogotá, que generó hechos de violencia en el estado de Táchira.
Luego de salir del país de forma ilegal, Guaidó emprendió una gira por países de América Latina como Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde promovió planes para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, los cuales incluyen su apoyo a una intervención militar de Estados Unidos contra ese país.
Asimismo, el 28 de marzo último la Contraloría General de la República anunció la inhabilitación política del presidente de la Asamblea Nacional en desacato para ocupar cargos públicos por un período de 15 años, por supuestas irregularidades en su patrimonio.
El contralor general Elvis Amoroso indicó que Guaidó usurpó funciones y cometió acciones con gobiernos extranjeros en perjuicio del pueblo de Venezuela y sus bienes públicos.
La oficina encargada de registros migratorios reveló que Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero por un costo superior a los 300 millones de bolívares (alrededor de 100 mil dólares), donde no existen registros de los recursos empleados para tales fines, señaló Amoroso.
Recientes pesquisas lo vinculan igualmente a una célula terrorista capturada por los órganos de seguridad, así como a una trama de corrupción dirigida a robar fondos del Estado en el orden de los mil millones de dólares. (Prensa Latina)