Nueva política contra Cuba tensaría nexos de EE.UU. con aliados
Este acápite permite a nacionales de Estados Unidos demandar a personas y compañías, incluso de terceros países, que invierten en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
De acuerdo con Wolosky y Kleiner, si bien el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que la decisión de poner en marcha ese título estaba dirigida contra Cuba, lo más probable es que conduzca a una ola de demandas contra empresas europeas y canadienses que ‘trafican’ en propiedades confiscadas.
Esta acción, consideraron, es solo el ejemplo más reciente de la adopción por parte de la administración de Trump de sanciones extraterritoriales que podrían afectar a nuestros aliados tanto como a nuestros enemigos.
Ya el Gobierno de Trump ha apuntado a las empresas europeas que operan en Irán y ha presionado a las naciones del llamado viejo continente para que excluyan a la empresa china Huawei de sus redes 5G, añadieron.
Según los autores, el próximo enfrentamiento en torno a la nueva política sobre Cuba intensificará el debate y la discordia acerca de si Estados Unidos está siendo demasiado agresivo en su enfoque hacia las compañías extranjeras por actividades que ocurren fuera de territorio norteamericano.
Afirmaron que la determinación sobre el Título III sorprendió a muchos, porque revierte más de 20 años en los que las administraciones estadounidenses mantuvieron suspendida la puesta en marcha de ese acápite para evitar el flujo de demandas que podría traer.
La normativa está estructurada para que cualquier empresa que realice negocios en Cuba, o incluso que se beneficie de la actividad comercial de otras compañías en ese país, pueda ser demandada, explicaron Wolosky y Kleiner, quienes pertenecen a la firma de abogados Boies Schiller Flexner LLP, con sede en Nueva York.
Detallaron que el amplio concepto de ‘tráfico en propiedad confiscada’ recogido en la ley significa que puede enfrentar reclamos tanto una empresa como la canadiense Sherritt International, con inversiones de minería en la isla, como los prestamistas e instituciones financieras de esa firma.
Asimismo, recordaron que como resultado de la Ley Helms-Burton, Canadá y la Unión Europea establecieron ‘disposiciones de recuperación’ que crean un reclamo legal contra cualquier persona de Estados Unidos que inicie una acción contra una compañía extranjera. (Prensa Latina)
