Colombia amanece bajo medida de excepción
Bogotá, 10 oct .- Colombia amanece hoy bajo el estado de conmoción interior, decretado anoche por el presidente Alvaro Uribe ante lo que calificó como parálisis del funcionamiento de la justicia en el país.
El mandatario anunció al país la extrema medida, que se prolongará durante 90 días en los cuales se emitirán todos los decretos que el ejecutivo estime necesarios para conjurar los efectos de un paro judicial que este viernes cumple 37 días.
Según un comunicado oficial el gobierno está amparado por el artículo 213 de la Constitución para decretar la conmoción interior.
Señala que el país afronta una grave perturbación del orden público y social, porque la administración de justicia no funciona de manera adecuada, “lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana”.
Como consecuencia del cese de actividades han quedado en libertad más de dos mil 700 personas sindicadas por delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros, según informes de la Policía Nacional.
Asimismo en muchos casos que se tramitan bajo el sistema acusatorio, continúan corriendo los términos, sin que la Fiscalía pueda formular la correspondiente acusación, abriendo la posibilidad de que estos procesos queden impunes.
En el último mes la administración de Justicia dejó de fallar más de 120 mil procesos, casi 37 mil demandas, y no se celebraron 25 mil 200 audiencias.
Al anunciar la medida Uribe planteó que el gobierno mantiene el ánimo de dialogar con la Asociación de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL) para buscar una solución a los reclamos salariales de los funcionarios en huelga.
Sin embargo, advirtió que el ejecutivo no puede asumir compromisos que no pueda cumplir.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, explicó que el primer decreto busca restablecer el servicio público de la justicia y otorgar al Consejo Superior de la Judicatura facultades extraordinarias para ello.
En ese sentido podrá, entre otras disposiciones, nombrar funcionarios que impartan justicia, dictar medidas para descongestionar los procesos en marcha, suspender funcionarios que no vayan a trabajar.
Añadió que el gobierno expedirá todos los decretos que estime pertinentes durante los próximos 90 días para desbloquear el funcionamiento de las instancias judiciales.
Los funcionarios en paro demandan al gobierno la nivelación salarial establecida por una ley aprobada en 1992 pero que nunca ha sido aplicada.
Para ello reclaman fondos mínimos por 300 mil millones de pesos (unos 160 millones de dólares) pero la oferta del gobierno solo llega a 131 mil millones de pesos (70 millones de dólares) repartidos en los próximos dos años.
La huelga ha sido apoyada por las principales centrales obreras así como por otros sindicatos del sector estatal.(PL)
