Reforma Obamacare acumula críticas en Estados Unidos

La Habana. – A unos 340 días de la puesta en vigencia del llamado Obamacare en Estados Unidos, la mayoría de las críticas van dirigidas a los recortes en otros seguros y hacia el impacto para las medianas empresas que provocará el programa federal.

La ley Affordable Health Care Act, firmada por el presidente Barack Obama en 2010, prevé reducir a la mitad la cantidad de ciudadanos que carecen de seguros sanitarios, unos 50 millones hoy día. Pero también tiene muchas fisuras en el camino de la implementación.

La nueva reforma recibió un golpe político en el contexto de las discusiones parlamentarias para resolver el dilema del abismo fiscal, y seis mil millones de dólares fueron descontados de sus fondos con vistas a coberturas de salud cooperativas.

Desde el próximo año, el sistema popularmente conocido como Obamacare expande la elegibilidad del Medicaid para adultos sanos sin hijos, que ganan hasta el 138 por ciento del nivel federal de pobreza.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la expansión del Medicaid era inconstitucionalmente restrictiva. Debido a ello, la oficina de presupuesto del Congreso calcula ahora que seis millones menos de estadounidenses calificarán para el seguro de los pobres.

Igualmente trascendió que la ley agrega a partir de 2013 un impuesto de 2,3 por ciento a los fabricantes de dispositivos médicos, incluyendo aquellos que hacen productos para tratamientos de ortodoncia.

El Obamacare exige además a empresas con 50 o más empleados que proporcione a sus trabajadores cobertura médica aprobada por el gobierno o paguen una multa de dos mil dólares por cada obrero después de los primeros 30 trabajadores, recordó la fundación Heritage.

Medidas como estas causaron hace tres años dilatadas discusiones en el Capitolio entre congresistas republicanos y demócratas, y actualmente atraen muchas críticas desde el sector privado por el supuesto perjuicio que acarrean para las medianas empresas norteamericanas.

Pero lo peor del plan gubernamental, acorde con estudiosos, es que incluso con el nuevo programa de salud en total capacidad, más de 20 millones de estadounidenses permanecerán sin cobertura médica hasta después de 2019.

El flamante sistema de salud de Estados Unidos se quedará muy detrás de los implementados en la mayoría de los países industrializados de Europa, comentó el analista Leon Reinstein.

Este plan de Obama nunca será una verdadera reforma de salud, la que solo se puede alcanzar a través de un procedimiento como el Medicare (seguro para ancianos) con alcance para todas las edades y niveles salariales, agregó el doctor Rick Staggenborg.

El vocero del grupo no gubernamental Physicians for a National Health Program opinó que la iniciativa del gobernante es como un crucigrama de nuevos impuestos con el propósito de rescatar a la alicaída industria de las aseguradoras.

Los costos federales para la salud representan el 20 por ciento del producto interno bruto, sin embargo todavía Washington es incapaz de averiguar como otros estados garantizan cobertura total con la mitad de ese dinero, apuntó Staggenborg en el diario Baltimore Sun.

Con los tributos que los contribuyentes pagan para sostener al Medicare, Medicaid y al resto de los sistemas federales de ayuda bastaría para saldar las deudas sanitarias de al menos 23 millones de estadounidenses adicionales, afirma el especialista.

Durante los próximos meses en el Congreso de Washington se prevén complejos debates acerca de la aplicación de la reforma de salud, luego que para varios estados se venció el plazo en que debían decidir si la implementarían (o no) fuera del marco de supervisión federal.

Los territorios de Florida, Idaho, Indiana, Montana, Nueva Jersey, Pennsylvania, Tennessee, Utah, Virginia y Virginia Occidental tenían hasta el 14 de diciembre para resolver el método de puesta en vigor de la Affordable Care Act.

Unos 16 estados gobernados por republicanos amenazaron con no acatar la cláusula de la expansión en los seguros, propuesta en la ley certificada por el presidente demócrata.

Otros siete criticaron el programa de la Casa Blanca e indicaron que tampoco respaldan varios importantes estatutos del nuevo sistema. De concretarse el boicot, cerca de 11 millones de ciudadanos quedarán fuera de los auxilios federales.

La nueva reglamentación no entrará en vigor hasta mediados de 2014 y obliga a millones de estadounidenses a adquirir un seguro combinado entre privado y el gubernamental Medicaid, so pena de tener que pagar una multa.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó gran parte de la reglamentación, pero aclaró que la Oficina Oval no puede obligar o multar a las gobernaciones en el caso de la cláusula de la expansión.

Este mandado, prácticamente suspendido por la CSJ, exigía a los estados incluir en el plan de ayuda a aquellos ciudadanos adultos con ingresos menores al 133 por ciento del nivel federal de pobreza, actualmente en 14 mil 400 dólares anuales.

Florida, Ohio, Pennsylvania, Colorado, Missouri, Mississippi, Nebraska e Indiana son algunos de los departamentos que ya confirmaron su rechazo específico a la expansión.

También Texas, donde la ley hubiera beneficiado a dos millones de personas, dijo no al programa con el argumento de que le costaría 27 mil millones de dólares en dos años.

Este polémico acápite, junto con 1,7 billones de dólares que tendrá que pagar el erario, provocó numerosas críticas y protestas principalmente desde las filas republicanas hasta que el descontento se tradujo en una querella ante la Corte Suprema.

El costo de los seguros médicos para muchos estadounidenses subió en 2012 de manera más aguda que en años previos, afectando a la vez un eventual aumento en los salarios.

Un estudio del grupo no gubernamental Kaiser Family Foundation reveló que el promedio anual de gastos de los empleadores para la cobertura familiar alcanzó la cifra de 15 mil 73 dólares, número que representó un alza de nueve por ciento respecto a etapas anteriores. La Affordable Care Act es presentada por el Partido Demócrata como el mayor éxito político del actual jefe de Estado. luego que administraciones federales desde Harry S. Truman habían fracasado al intentar implementarla.(PL)