Continúan análisis sobre acuerdo de seguridad en Guatemala
Guatemala, 28 ago .- Los análisis sobre el Acuerdo para el Avance de la Seguridad y la Justicia continúan en Guatemala, mientras los ciudadanos esperan hoy por resultados efectivos para detener la violencia y la impunidad.
Ese pacto entre los tres poderes del Estado y la Fiscalía General fue lanzado en abril pasado por el presidente Alvaro Colom, pero tuvo sus tropiezos iniciales por desavenencias con el llamado Grupo Garante (G-4) encargado de acompañarlo.
Integran el G-4 el arzobispo metropolitano, cardenal Rodolfo Quezada Toruño, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, y Darío Pérez por las iglesias evangélicas.
Superadas esas diferencias se divulgó el arranque del proyecto, acerca de cuyo ordenamiento, operatividad y monitoreo debaten representantes de la sociedad civil, el G4 e instituciones del gobierno.
Un segundo taller realizaron aquellos la víspera para darle seguimiento a la formulación de la denominada hoja de ruta, la cual permite ejecutar los compromisos adquiridos por el Estado en el Acuerdo.
Al respecto, la miembro del Consejo Asesor de Seguridad Claudia Samayoa dijo que esperan el mes próximo tener listas las bases para el monitoreo y clarificados los temas de esa agenda.
El objetivo principal del pacto es que todas las entidades del Estado inicien una coordinación interinstitucional para encontrar soluciones integrales y eficaces a la inseguridad y la impunidad.
Sentar las bases para definir una política que promueva la participación ciudadana es uno de los preceptos del programa, el cual incluye la aprobación de al menos 12 leyes, en tanto de las 101 acciones contenidas la mayoría es de mediano y largo plazos.
Una de sus iniciativas es crear el Ministerio de Seguridad Pública y separar las funciones administrativas de las operativas encargadas al de Gobernación.
También promueve reformas a la Ley de la Carrera Judicial para fortalecer el sistema disciplinario contra jueces, magistrados y funcionarios de ese poder del Estado en general.(PL)
