Parlamentarios bolivianos denuncian boicot en Sucre
La Paz, 3 jul.- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia denunció trabas impuestas por la Prefectura de Chuquisaca, donde investigan acciones racistas, ocurridas el 24 de mayo de 2008.
Ese grupo de trabajo viajó la víspera a la ciudad de Sucre, en ese departamento, para escuchar a la prefecta opositora Savina Cuéllar, al cívico John Cava y a los parlamentarios implicados en los hechos violentos.
Según la diputada Elizabeth Salguero, al frente de la comisión, ninguno de los involucrados se presentó a ofrecer sus declaraciones.
Cuéllar y Cava fueron convocados en tres ocasiones anteriores a La Paz, al igual que los senadores Tomasa Yarhui y Fernando Rodríguez, y los diputados Lourdes Millares, Edwin Porcel, Lenín Sandoval, pero en ninguna de las veces acudieron a la cita.
"Hemos sufrido el boicot de la Prefectura, que nos cortó la electricidad cuando tomábamos los testimonios de las víctimas de aquel hecho" señaló la parlamentaria del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).
Asimismo indicó que en las afueras del local donde trabaja la comisión se concentró un grupo de choque, formado principalmente por activistas cívicos para proferir insultos y frases racistas.
"No tenemos miedo, vamos a seguir trabajando en esta audiencia pública", dijo la congresista.
Salguero también denunció el abandono de las sesiones de trabajo por los diputados Jhony Torres y Fernando Barrientos, del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de Poder Democrático y Social (PODEMOS), respectivamente.
"Hicieron retardar las declaraciones por más de dos horas, con críticas en contra de la comisión de la cual son parte", lamentó.
La agresión a campesinos en Sucre, el pasado año, fue impulsada por grupos radicales de derecha y condenada por varios organismos internacionales.
En esa oportunidad, unos 18 labriegos fueron tomados como rehenes y conducidos por grupos de jóvenes violentos hasta la Plaza 25 de mayo, donde los despojaron de sus ropas y obligaron a repetir frases racistas.
Según las investigaciones, los agresores mantenían nexos con el Comité Interinstitucional que demandaba la autonomía y el traslado de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a Sucre. (PL)
