Congreso brasileño acoge medidas de combate a la corrupción
Brasilia, 20 mar.- El paquete de medidas gubernamentales que fortalece el combate a la corrupción y acelera los procesos contra este tipo de delito está hoy el manos del Congreso brasileño para su discusión y análisis.
Las propuestas, presentadas el miércoles último por la presidenta del país, Dilma Rousseff, fueron entregadas la víspera en la secretaria de la Cámara de Diputados, y persiguen borrar lagunas de la legislación actual, así como crear mecanismos de prevención, control y castigo para acabar con la impunidad.
Componen este documento dos proyectos de ley, una proposición de enmienda Constitucional (PEC) y dos pedidos de tramitación con régimen de urgencia.
Entre las medidas que deberán ser sancionadas figuran el castigo por la financiación irregular de partidos y campañas electorales, y la implementación de la ley "Ficha Limpia" para todos los cargos públicos y de confianza a nivel federal.
La confiscación y venta de bienes obtenidos de manera ilegítima, la responsabilidad criminal de agentes estatales que no puedan justificar sus bienes y el decomiso de estos como consecuencia del enriquecimiento ilícito integran también el paquete anticorrupción.
Para la jefa de Estado, estas iniciativas evidencian que están en el camino correcto y refuerzan el compromiso y la obligación del ejecutivo federal de enfrentar la impunidad.
Durante el anuncio hace dos días de estas propuestas, la gobernante recordó que la coyuntura actual, marcada por las investigaciones del esquema de desvío de fondos y los contratos hinchados en Petrobras, corrobora la decisión de luchar sin tregua contra todo estos tipos de ilícitos que debilitan la democracia.
No fue con mi gobierno que nació la corrupción, pues otras administraciones escondían este tipo de mal, pero si es este ejecutivo el que enfrenta y lucha sin descanso para acabar con este delito, enfatizó.
Rousseff rubricó además un decreto que regula la implementación de la ley anticorrupción, con el propósito de afianzar su ejecución y forzar al sector privado a adoptar mecanismos de transparencia y prevención en sus empresas.
El gobierno prevé asimismo crear un grupo de trabajo, integrado por abogados, fiscales y de otras instituciones públicas, que elaborará propuestas más eficaces para enfrentar a los corruptos. (PL)
