Embajadora argentina en Cuba señala interés en recuperar soberanía energética
La Habana, 25 abr . – La expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a la española Repsol responde al interés de Argentina de recuperar la soberanía energética, expresó hoy aquí Juliana Marino, embajadora de ese país.
Según manifestó la diplomática a Prensa Latina, dentro de la política llevada a cabo por la administración de Carlos Menem durante la década del 90, caracterizada por la extranjerización y privatización de la economía, las medidas más cuestionadas fueron las relacionadas con los recursos energéticos.
La decisión del ex gobernante, en 1992, de poner parte de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en manos de la empresa española Repsol, y luego, en 1999, autorizar la venta de la Acción de Oro del gobierno, limitó la participación del Estado en el manejo de los combustibles.
El 16 de abril la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció un proyecto de ley para declarar de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y expropiar las acciones de la petrolera YPF.
La iniciativa, cuyo debate se realiza hoy en el Senado de ese país, establece que el 51 por ciento de las acciones de la empresa pertenecerá al Estado, mientras el 49 por ciento restante se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo.
Entre las razones para la propuesta, la dignataria expuso que entre 2001 y 2011 las reservas de hidrocarburos del país se redujeron en 50 por ciento, mientras la baja producción obligó a que el pasado año Argentina se convirtiera, por primera vez, en importador neto de gas y petróleo.
Por eso, expresó la jefa de la misión diplomática de Argentina en Cuba, en el imaginario, los ideales y el esquema de recuperación nacional de la actual administración se incluía de forma permanente el deseo de recobrar el poder de gestión sobre el sector energético.
De acuerdo con Marino, Argentina tomará las medidas que se correspondan con su proyecto político, lo que significa recuperar sla capacidad de desarrollo, de justicia y de inclusión social.
A la vez, esas decisiones deben garantizar la participación soberana en la integración con el conjunto de países de América Latina, de forma tal que podamos relacionarnos con el mundo en igualdad de condiciones, consideró.(PL)
